Un tribunal de EE UU pide a Argentina que explique su oferta a los acreedores

Un tribunal de apelaciones de Nueva York ha pedido al Estado argentino que detalle antes del 29 de marzo cómo y cuándo sugiere pagarle a la minoría de acreedores que rechazaron las dos reestructuraciones propuestas tras la suspensión de pagos de 2001. La petición del Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito neoyorquino se produce después de que el pasado miércoles Argentina y sus demandantes, encabezados por los llamados fondos buitre, expusieran en una vista ante los magistrados sus posiciones en un juicio que puede forzar al país sudamericano a entrar en suspensión de pagos por segunda vez en 11 años y que puede sentar un precedente para las reestructuraciones de deuda de otros países.

Los integrantes del tribunal explicaron este viernes en una resolución que en la vista no habían quedado "claros” ni los parámetros de la oferta ni su compromiso de cumplirlos. Recordaron que habían pasado 11 años (diciembre de 2001) sin que se saldara la deuda y pidieron a Argentina que expusiera qué seguridad podía proveer de que iba a "repagar" sus "obligaciones". Uno de los abogados norteamericanos que representa al Estado argentino, Jonathan Blackman, había explicado durante la audiencia judicial que la nueva fórmula de pago que plantea "es que se tomen en cuenta los bonos reestructurados”, es decir, aquellos se ofrecieron en 2005 y 2010, con una quita del 50% al 75%, con reducción de capital e intereses y extensión de plazos. Hasta ahora, Argentina ha reestructurado el 93% de la deuda de 82.000 millones de dólares (63.000 millones de euros) que dejó de abonar en 2001, en lo que constituyó la mayor suspensión de pagos de la historia mundial. Solo el 7% del pasivo quedó afuera de los canjes y son precisamente los acreedores de ese 7% los que demandan a Argentina en los tribunales internacionales. Dos tercios de esos requerimientos están frente a los jueces estadounidenses.

Al mismo tiempo que se conocía la nueva resolución del tribunal de Nueva York, la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, pronunciaba el discurso inaugural de las sesiones anuales del Congreso de su país. Nadie interrumpió su alocución para contarle la noticia, pero ella se refirió a la disputa judicial en el medio del recuento que hizo de los diez años de gobiernos kirchneristas. "Estamos dispuesto a pagarle a estos fondos denominados buitres pero no en mejores condiciones que al otro 93%, porque estaríamos cometiendo un delito, estaríamos estafando y defraudando al 93% de los acreedores que creyeron en Argentina. Les ofrecemos que reciban la misma quita y los mismos plazos. Eso es equidad. Si hay un país o hay una justicia o un sistema que elige perjudicar a un 93% para beneficiar a un 7% y perjudicar las finanzas del mundo y el equilibrio financiero del mundo, comenzaría a dudar en tratarla de justicia”. Fernández se refería a los fondos que compraron la deuda argentina cuando su precio estaba por los suelos, poco antes y después de la suspensión de pagos, para después litigar por el 100% de su valor original, con lo que cobrarían 20 veces más que lo invertido.

Les ofrecemos que reciban la misma quita y los mismos plazos. Eso es equidad” Cristina Fernández de Kirchner, presidenta de Argentina

Un estudio de la consultora Econométrica calcula que si la justicia obliga a los litigantes a aceptar los bonos reestructurados, estos asumirían una pérdida del 63% y comenzarían a cobrar intereses este año y el capital en 2017. Podrían terminar de cobrar todo en 2038, según los plazos máximos de los títulos reestructurados.

Los inversores litigantes reclaman en Nueva York que se cumpla con la cláusula de trato igualitario que contenían los antiguos títulos públicos y que establecía que no se podía favorecer a unos acreedores por encima de otros. De ahí la alusión de Fernández a la equidad. Los fondos buitre Elliot y Aurelius, junto con 13 pequeños ahorradores argentinos, consiguieron un fallo de primera instancia en Nueva York en octubre pasado que establece que el trato igualitario implica que Argentina le pague primero a los litigantes el 100% de lo que exigen antes de seguir abonando la renta de los bonos reestructurados. El tribunal de apelaciones está dilucidando si ratifica o no ese fallo.

Dado que Argentina no está dispuesta a pagar el 100% a los demandantes, entraría en suspensión de pagos de la deuda reestructurada bajo legislación extranjera, lo que equivale a 24.000 millones de dólares (18.400 millones de euros). Fernández dijo este viernes ante el Congreso que su país seguirá honrando ese pasivo.

En la audiencia judicial del miércoles los magistrados habían sido duros con Argentina y uno de ellos incluso había aclarado que estaban allí reunidos "para hacer cumplir los contratos": en este caso, el compromiso que en los 90 y principios de 2000 había asumido el país de pagar su inmensa deuda. Pero Buenos Aires dejó de cumplir con sus obligaciones en 2001, en plena crisis social, economía y política, y comenzó a devolverla con quita a partir de 2005, cuando la economía volvió a crecer en forma vigorosa.

Los mercados interpretaron el interrogatorio del miércoles como negativo para Argentina y por eso el jueves se desplomaron las acciones y los bonos de este país. Sin embargo, después de que al día siguiente se conociera la petición del tribunal para que el Gobierno de Fernández aclarara su propuesta de pago, la cotización de las empresas y la deuda argentinas han comenzado a recuperarse con fuerza. Los analistas y el Ejecutivo argentino han interpretado como positivo que los magistrados se interesasen por la propuesta argentina de reabrir el canje de deuda de 2005 y 2010, decisión que debería ser aprobada antes por el Congreso del país sudamericano, controlado por el kirchnerismo.