Opinión
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Las reformas que vienen (o no)

El cambio más difícil de hacer es el de la Administración pública

Todos los años comenzamos con un repaso a los objetivos y previsiones del año entrante, así como de las reformas pendientes de acometer para poner las bases de la salida de la crisis. Al comenzar el año 2013 el panorama ha cambiado algo, aunque los problemas siguen siendo los mismos. Al comenzar 2012 decía: “Continúan la inestabilidad de los mercados internacionales, los problemas de financiación pública y privada, el elevado desempleo y los problemas de competitividad del modelo productivo español”. Se ha avanzado algo en las soluciones: tras algunos momentos de pánico, los mercados se muestran algo menos desconfiados (prima de riesgo por debajo de los 400 puntos básicos), el sector público continúa con su reducción del déficit y la competitividad de los productos españoles ha mejorado, como demuestran los datos de la balanza de pagos. En cuanto al paro, el empleo es la última variable en recuperarse y todavía en el año 2013 se producirán ajustes en el sector público que elevarán el nivel de paro.

Por tanto, el año se presenta todavía difícil. El Gobierno confía en una recuperación de la economía durante el segundo semestre del año y en alcanzar un crecimiento del 0,5% del PIB en el conjunto de 2013 —objetivo necesario para poder cumplir con los compromisos de reducción del déficit público—, pero los analistas nacionales e internacionales no son tan optimistas y presentan todavía previsiones negativas para el conjunto del año (-1,6% de media).

Una de las reformas en las que más se ha avanzado es la reforma del sistema financiero. Dicha reforma, necesaria para normalizar la financiación y que esta llegue en condiciones razonables al sector privado (empresas y familias), está absorbiendo muchos recursos a través del FROB, bien con sus propios fondos o de la financiación aprobada por la Comisión Europea y gestionada por el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), que ha transferido al FROB 39.500 millones de euros para capitalizar los bancos ya nacionalizados. Para terminar la reestructuración todavía falta actuar sobre las entidades que se han considerado inviables y a las que hay que proceder a su venta o liquidación.

Muchos ciudadanos se preguntan por los motivos para ayudar a los bancos y cajas que han derrochado, y en algunos casos malversado, los recursos de los ciudadanos, mientras los bancos arremeten con dureza contra los ciudadanos que no cumplen con sus pagos en las hipotecas. La única justificación es la necesidad de preservar los derechos de los depositantes e inversores, aunque en algunos casos, como los de las acciones preferentes, no se ha sabido solucionar el problema adecuadamente.

Entre las reformas pendientes para 2013, son importantes todas las relativas al marco de la liberalización de la economía: la liberalización del transporte ferroviario de viajeros, con la apertura del mercado del tráfico de viajeros a partir del 31 de julio, que exige la preparación de las empresas públicas (Renfe, Adif, FEVE); la aprobación de la nueva Ley General de Telecomunicaciones, dirigida a facilitar el despliegue de redes y la prestación de servicios, y la aprobación de la Agenda Digital para España, cuyo objeto es facilitar la conectividad, desarrollar la economía digital, potenciar el desarrollo y la seguridad de la administración electrónica e impulsar, en general, la I+D+i en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación (primer trimestre de 2013).

Pero la reforma pendiente de afrontar y más difícil de llevar a cabo es la reforma de la Administración pública. Con anterioridad se han ido introduciendo algunas reformas parciales, pero falta por acometer una reforma integral que reconduzca la organización administrativa española hacia una administración menos costosa y más eficaz. Dicha reforma se está estudiando en una comisión creada por el Consejo de Ministros el 26 de octubre de 2012. Ya hay un acuerdo adoptado en la última conferencia de presidentes de las comunidades autónomas para elaborar un programa de racionalización administrativa, a fin de eliminar trabas burocráticas, simplificar normativa y procedimientos y evitar duplicidades. El plazo para que la comisión concluya sus trabajos es el 30 de junio de 2013.

Pero lo más difícil está por plantearse. En opinión de muchos, el sistema de financiación de las comunidades autónomas actual es insostenible. Tanto que algunas se plantean devolver algunas competencias al Estado por no poder atenderlas adecuadamente, mientras que otras consideran que el sistema actual les perjudica seriamente. Es difícil tomar decisiones que complazcan a todos, pero si el Gobierno aplica medidas sin consensuarlas, en base a su mayoría democrática, se equivocará.

Dentro de la reforma de las Administraciones públicas ocupa un lugar significativo la reforma de las corporaciones locales. En opinión de muchos expertos, el nivel de fragmentación territorial es excesivo en España, dificultando enormemente su financiación y provocando ineficiencias y duplicidades. En Europa, ya en el siglo pasado se produjo una corriente de reducción del número de municipios buscando un tamaño mínimo eficaz, y últimamente lo han hecho los países con problemas como Grecia, Portugal e Italia. En España contamos con 8.114 municipios, de los que 4.862 son de un tamaño inferior a 1.000 habitantes y 6.799 de menos de 5.000 habitantes. A la hora de reducir este número se plantean varias soluciones para ahorrar costes y racionalizar recursos. O bien la unión voluntaria de municipios o la fusión obligatoria de los más pequeños. De momento no parece que haya intenciones de seguir este camino, aunque los únicos argumentos sean, como siempre, políticos: mantener el poder y los privilegios de los partidos. Pero no hacerlo sería una oportunidad perdida para reformar seriamente las Administraciones locales.

Otra reforma pendiente es la del sistema de pensiones público. El envejecimiento demográfico, junto con el incremento del desempleo, han provocado un preocupante descenso en la ratio de cotizantes por pensionista. Asegurar la sostenibilidad de las pensiones en el futuro obliga no solo a priorizar las políticas de creación de empleo como la mejor garantía del sistema, sino también a favorecer su adecuación a la nueva realidad social. El avance en la modernización del sistema de pensiones, mediante la regulación del factor de sostenibilidad como garantía de su viabilidad, tiene que presentarse a través de la Comisión del Pacto de Toledo. Ya en la Ley de Presupuestos se ha modificado la regulación de la jubilación anticipada y de la jubilación parcial para hacer efectiva la edad legal de jubilación.

Durante su primer año el Gobierno ha reformado y ajustado muchos de los derechos de los ciudadanos, especialmente todos aquellos incluidos en el llamado Estado de bienestar: educación, sanidad, desempleo, pensiones... También ha avanzado en la reforma del sistema financiero y de su regulación. La reforma laboral ha afectado seriamente a los derechos de los trabajadores, incluso se han reducido los derechos y a veces prebendas de los sindicatos. Todo ello puede justificarse por la necesidad de reconducir los excesos y abusos cometidos durante la anterior fase expansiva y por los efectos contractivos que sobre las arcas públicas está teniendo la crisis. Pero hay algo pendiente que los ciudadanos esperan. El único poder fáctico que no se ha ajustado ni en número ni en privilegios es el de los políticos. Y en esto es en lo único que el PP y el PSOE parecen ponerse de acuerdo.

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