“Se debería crear un delito para quien ofrezca defraudar”

Ransés Pérez Boga (A Coruña, 1968) apenas lleva un mes al frente de la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), la asociación mayoritaria en la Agencia Tributaria.

Pregunta. Tiene la percepción por su trabajo de que ha crecido el fraude con la crisis.

Respuesta. Cuantificar el fraude es muy difícil. Tenemos la impresión de que se está defraudando más. Pero no es que la tengamos nosotros, hay una encuesta del CIS que dice que el ciudadano cree que ha aumentado el fraude.

P. Los ingresos fiscales se han desplomado. El Gobierno ha aprobado nuevas subidas de impuestos. ¿Cree que debería haber hecho más para reducir el fraude en vez de subir tanto los impuestos?

R. Sobre el aumento de impuestos, es una cuestión política en la que no debo entrar. Modificar las figuras impositivas y la ley de antifraude son medidas correctas; como la limitación de la deducción de los gastos financieros del impuesto de sociedades, o reducir la libertad de amortización. Pero estas medidas para aplicarse adecuadamente necesitan recursos adecuados para llevarlas a término. Ahí es donde fallamos.

P. Junto con estas medidas de lucha contra el fraude se aprobó una amnistía fiscal...

R. Nos parece que es injusta y que trata de forma desigual a los contribuyentes. Lo peor de todo es que trata peor al que cumple que al que no cumple. Estamos lanzando la imagen errónea de que defraudar compensa. Está menoscabando la conciencia fiscal y lo notaremos en las declaraciones futuras.

P. ¿Serán revisables las regularizaciones de la amnistía?

R. Lo relevante es si podremos comprobar a esos contribuyentes; la respuesta es: “Por supuesto que sí”. Entiendo que un contribuyente que ha defraudado en el pasado es un buen sujeto para revisar si en el presente está haciendo bien las cosas.

P. La Dirección General de Tributos (DGT) emitió dos informes aclarando aspectos de la amnistía. ¿Son vinculantes?

R. Tributos cuando quiere emitir algo vinculado lo emite en forma de resolución no de informes. Por tanto, esos informes en una primera instancia no serían vinculantes. Ahora bien, en la medida en que la DGT plasmará esos criterios en consultas serán vinculantes. Por otra parte, la Agencia Tributaria los puede hacer suyos y si el director de la Inspección da unas instrucciones para cumplir esos criterios serán vinculantes.

P. El Gobierno ha aprobado una ley antifraude con muchas de sus reivindicaciones. ¿Qué echan de menos?

R. Lo primero es que se potencien los medios humanos de la Agencia Tributaria. Pero hay otras medidas organizativas y normativas: Siempre hemos reivindicado que la Agencia debería tener más independencia del Gobierno, que se creara una policía fiscal. Además, hay otras normas: la limitación de los módulos nos parece positiva, pero se podría ir más allá. El módulo debería quedar para empresarios con un reducido volumen de operaciones, no de 300.000 euros como ahora. Y que se relacione un 80% con particulares… También nos gustaría que la ley fuera más allá en la duración de los procedimientos inspectores [solo disponen de un año]. Tenemos problemas cuando acudimos a una empresa y le pedimos la contabilidad. Existen obstáculos en ese sentido.

P. Al mismo tiempo, hay en marcha una reforma del Código penal para endurecer la lucha contra el fraude.

R. Consideramos que se podían haber hecho más cosas. Una de las propuestas era la creación de un delito por el ofrecimiento al cliente de estructuras o mecanismos que faciliten el fraude. Muchas veces en las inspecciones nos encontramos con personas que saben mucho de sus negocios, pero no tanto de cultura fiscal. Y nos preguntamos quién ideó esa estructura. La respuesta parece evidente: un asesor fiscal que le ofreció defraudar. ¿Quién es más culpable el que dijo hazlo o el que lo propuso? Creemos que cada uno tiene su parte de culpa. Y eso debería ser un delito agravado.