Los evasores fiscales tendrán menos margen a partir de mañana

El BOE publica la ley de lucha contra el fraude. La norma, que limita las operaciones en metálico hasta 2.500 euros y permite los embargos preventivos, entra en vigor

El Gobierno ya cuenta con nuevos instrumentos con los que perseguir el fraude fiscal. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica hoy la ley de lucha contra el fraude fiscal tras concluir el trámite parlamentario. La norma, que limita las operaciones en efectivo a 2.500 euros cuando participen empresarios o autónomos, entrará en vigor en 20 días (la mayor parte de la normativa empieza a funcionar mañana, una vez publicado en el BOE, no obstante, para lo referido a las cantidades en efectivo se indica que será 20 días más tarde). Con esta reforma se endurecen las sanciones por resistencia y obstrucción a la inspección, que oscilarán entre 1.000 y 600.000 euros. Al tiempo, el Congreso debate hoy el endurecimiento del código penal para mejorar la lucha contra el fraude. Para ello, el Ejecutivo pretende crear un nuevo tipo de delito agravado para los casos en los que participen tramas delictivas o para fraudes de más de 600.000 euros.

La Ley de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones de prevención y lucha contra el fraude, como se ha bautizado la norma de lucha contra la evasión fiscal que publica hoy el BOE, obliga a los contribuyentes a informar sobre los bienes que tengan en el extranjero a partir del 1 de enero. “Las rentas descubiertas que no hayan sido declaradas se imputarán al último periodo impositivo no prescrito”, señala Hacienda en un comunicado.

El Gobierno ha aprobado esta norma en paralelo a una polémica amnistía fiscal cuyo plazo concluye el próximo 30 de noviembre. Utiliza así el método del palo y la zanahoria como explican los responsables del Ministerio de Hacienda. Mientras por un lado endurecen las condiciones para los evasores por otra abren la puerta para que estos puedan regularizar su situación pagando solo un 10%, lo que despertó numerosas críticas entre inspectores, grupos políticos de la oposición y buena parte de la ciudadanía. La nueva norma contra el fraude recoge varias de las históricas reivindicaciones de los inspectores de Hacienda.

Entre las novedades que recoge la ley, además de limitar el pago en metálico e informar sobre los bienes en el extranjero, está la supresión del régimen de módulos a empresarios de determinados sectores donde más fraude se ha detectado, como transportistas y otras profesiones vinculadas al sector inmobiliario como albañilería, carpintería, fontanería... Los empresarios de estas profesiones serán excluidos del régimen de módulos cuando facturen menos del 50% a particulares. Además, la exclusión solo operará para empresarios con un volumen de rendimientos íntegros superiores a 50.000 euros al año.

La ley incluye medidas para reforzar la responsabilidad subsidiaria de los administradores de empresas que no tengan bienes o patrimonio pero que si tengan actividad que realizan autoliquidaciones, con ánimo de defraudar. ”Estos administradores serán responsables de las deudas derivadas de los tributos que deban repercutirse o de las cantidades que deban retenerse a trabajadores o profesionales”. Además, se añaden medidas para evitar que los contribuyentes traten de retrasar el pago de su deuda tributaria, “interponiendo obstáculos o diluyendo su patrimonio”. Así, se elimina la posibilidad de aplazamientos en situaciones de concurso.

Sobre la firma

J. SÉRVULO GONZÁLEZ

Redactor jefe de Economía y Negocios en EL PAÍS. Estudió Económicas y trabajó cinco años como auditor. Ha cubierto la crisis financiera, contado las consecuencias del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, el rescate a España y las reformas de las políticas públicas de la última década. Ha cursado el programa de desarrollo directivo (PDD) del IESE.

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