Crear una empresa en España es más difícil que en Zambia

Pese a los reiterados anuncios de reformas para facilitar la creación de empresas, España sigue siendo uno de los países del mundo en que resulta más difícil poner en marcha un negocio. En concreto, España ocupa el puesto 136º de los 185 países examinados por el Banco Mundial en su informe Doing Business 2013,publicado esta madrugada, que recoge datos hasta junio de este año, tres puestos por debajo del año pasado. Hacen falta 10 trámites y 28 días, un coste equivalente al 4,7% de la renta por habitante y un capital mínimo que representa un 13,2% de esa renta por habitante.

En los países en que es más fácil crear una empresa es en Nueva Zelanda, Australia y Canadá, de los más desarrollados del mundo, y en los que es más difícil en Costa de Marfil, Irak y Surinam. España es uno de los países avanzados donde es más difícil crear una empresa. Es más difícil crear una empresa en España que en Afganistán, Albania, Burundi, Irán, Kosovo, Kenia, Marruecos, Nepal, Nicaragua, Ruanda, Senegal, Tanzania, Yemen o Zambia, entre muchos otros países, según el informe.

Ese es solo uno de los parámetros que el informe del Banco Mundial toma en cuenta a la hora de valorar la posición de los diferentes países en cuanto a facilidades para hacer negocios. Se trata de una medición procedimental, en cuanto a la flexibilidad y facilidad para crear una empresa y lo que muestra el informe es que hay muchísimos países menos desarrollados que España en donde es mucho más fácil dar ese paso.

Recientemente, un empresario sevillano relataba la odisea de tres años y 10.000 euros en papeleo de cuatro administraciones para abrir una empresa en Vejer, en una de las regiones de Europa con una mayor tasa de paro.

Venezuela es el país no africano peor situado en la clasificación

La dificultad para montar una empresa sigue siendo el principal lastre en la clasificación general de facilidades para hacer negocios, en la que España baja al puesto 44º, por detrás de Perú y por delante de Colombia, en una lista que encabezan Singapur, Hong Kong, Nueva Zelanda, EE UU y Dinamarca, que repiten en las cinco primeras posiciones. El año pasado, cuando se publicó el informe, España figuraba en el puesto 44º en la lista, pero ahora se han revisado las cifras y la conclusión es que el puesto real del pasado año era el 42º, con lo que habría descendido dos posiciones. En general, los países de Europa del Este y Asia central son los que han hecho más progresos. En las últimas posiciones están la República Centroafricana, Chad, el Congo, Eritrea y la República Democrática del Congo. El país no africano peor situado es Venezuela, en el puesto 180º.

El Fondo Monetario Internacional recomendó en su último informe anual sobre España que el Gobierno se pusiera como objetivo a la hora de articular sus reformas situarse entre los 10 primeros puestos de las clasificaciones sobre competitividad y facilidades para hacer negocios. En la otra lista con más prestigio, el Informe de Competitividad Global del Foro de Davos, España se mantuvo este año en el puesto 36º, tras avanzar seis posiciones en 2011.

El informe del Banco Mundial clasifica a los países en función de la puntuación que obtengan en 10 conjuntos de indicadores, sobre todo desde el punto de vista de trámites, costes y procedimientos. España ocupa sus peores posiciones en facilitar la apertura de empresas (136º), protección de los inversores (100º) y facilitar el acceso a la electricidad (70º). Las mejores notas las obtiene en resolución de insolvencias (20º), facilitar el pgo de impuestos (34º), el manejo de permisos de construcción (38º) y el comercio transfronterizo (39º). También tiene malas puntuaciones en facilitar la obtención de crédito (53º), el registro de propiedades (57º) y el cumplimiento de contratos (64º).

España ha hecho progresos en dos de ellos: comercio internacional (con el uso de declaraciones electrónicas de aduanas que agilizan las importaciones) y resolución de insolvencias (con las reformas de la ley concursal de 2011). El informe cita, además, la suspensión del límite al encadenamiento de contratos temporales.