Báñez calcula que el recorte de la renta de inserción afectará al 50% de beneficiarios

La ministra de Empleo, Fátima Báñezha asegurado (y defendido en su turno de réplica en el Congreso) que "solo el 55% de los nuevos parados" se verán afectados por el endurecimiento de los requisitos de la renta activa de inserción. El cambio legsilativo incluido en el reciente plan de ajuste del Gobierno suprime el derecho a cobrar esta prestación a quienes no hayan recibido antes una prestación o subsidio, por lo que 12.500 parados al mes no accederán a ella.

En su turno de contestación a los grupos durante su comparecencia en la Comisión de Empleo del Congreso, la ministra ha cifrado en 230.000 personas de media los beneficiarios mensuales de la renta activa de inserción y en 25.000 personas las nuevas altas de cada mes, por lo que la medida afectará a la mitad de ellos. Hasta ahora, para acceder esta paga de 426 euros al mes durante un máximo de 11 meses, bastaba con estar inscrito durante un año como demandante de empleo y no tener unos ingresos superiores al 75% de salario mínimo interprofesional.

Las personas que no puedan acceder a la renta activa de inserción, según Báñez, sumarán en 2012 "como muchísimo" 68.000 personas. La renta activa de inserción es una ayuda de 426 euros dirigida a mayores de 45 años sin derecho a prestación por desempleo y con ingresos inferiores a 481 euros (75% del salario mínimo interprofesional).

El discurso de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ante la Comisión de Empleo del Congreso para explicar y justificar los recortes del Gobierno relacionados con su Departamento no ha convencido a la oposición. Todos los Grupos Parlamentarios que han intervenido en el debate le han reprochado a la ministra que el Gobierno haya metido la tijera en la protección por desempleo debido a los efectos que esto tendrá sobre uno de los colectivos más desfavorecidos por la crisis.

La portavoz socialista en la Comisión, Concha Gutiérrez, ha acusado a Báñez de ocultar 'la letra pequeña' de las medidas, que ha calificado como "los recortes más dramáticos y dañinos de la historia de la democracia'". El diputado del PNV Emilio Olabarría ha opinado que la reducción de la prestación por desempleo es "de dudosa constitucionalidad" y perjudica a los parados, que son los que más acusan la crisis y que pronto serán seis millones, ha asegurado. Desde Geroa Bai, Uxue Barkos se ha mostrado especialmente preocupada con este aspecto, y ha dicho que "la apuesta" del Gobierno no va a generar ninguna confianza.

Por parte de Amaiur, Sabino Cuadra, ha calificado de "desliz evidente" el hecho de que se asocie la supresión de la paga extra de los funcionarios a los fondos de pensiones privados, a los que irá a parar en 2015 si se cumplen los objetivos de déficit fiscal. El diputado de la Izquierda Plural Ricardo Sixto, ha reprochado a la ministra que sus palabras "no se ajustan a la realidad porque se van a cargar unos recortes enormes sobre las espaldas de los trabajadores y de los parados".

Desde el PP, su diputada Carmen Álvarez Arenas ha agradecido que la ministra haya acudido al Congreso a explicar las medidas, que ha calificado de "absolutamente necesarias" en la coyuntura actual.