La tarifa de la luz podrá variar según el consumo del usuario

Extremadura recurre el cambio que obliga a las comunidades a cargar al recibo tasas que ahora pagan las eléctricas

El ministro de Industria, Energía, José Manuel Soria
El ministro de Industria, Energía, José Manuel SoriaEFE

La tarifa eléctrica única para todos los consumidores acogidos a la llamada tarifa de último recurso (TUR) tiene los días contados: no es solo que las comunidades autónomas tengan que cargar al recibo las tasas que ahora pagan las eléctricas —algo que Extremadura ya ha anunciado que piensa recurrir—, también se va a tener en cuenta el consumo. El resultado: cada consumidor pagará una tarifa distinta según donde resida y lo que consuma.

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En concreto, el real decreto ley aprobado el pasado viernes permite al Ministerio de Industria “establecer criterios de progresividad de aplicación a los peajes de acceso”. “En la determinación de estos criterios”, especifica, “se tendrá en cuenta el consumo medio de los puntos de suministro, sin que se vean afectados los consumidores vulnerables”. Los peajes de acceso suponen la mitad del recibo (la otra mitad corresponde al precio de la energía) y los fija el Gobierno para cubrir los costes regulados del sistema eléctrico, el transporte y la distribución.

Queda por determinar qué sucederá con los que el decreto denomina “consumidores vulnerables” dado que el bono social, pensado para familias numerosas, en paro o con pensiones y/o consumos mínimos desaparecerá en el año 2013, según lo previsto.

Recurso de inconstitucional de Extremadura

Por otra parte, el Gobierno de Extremadura confirmó ayer que planteará un recurso de inconstitucionalidad contra la modificación, por parte del Ejecutivo central, del impuesto sobre la producción y transporte de energía, denominado ecotasa, por la que se repercute a los ciudadanos el pago de este tributo, ya que en su opinión “vulnera” en el “fondo y en la forma” el espíritu del impuesto autonómico.

Según la norma aprobada por el Gobierno, las comunidades autónomas tendrán que asumir ahora el coste político de imponer recargos y tributos a la actividad eléctrica, algo que hasta ahora quedaba difuminado porque de alguna manera, los recargos territoriales que pagan las compañías acaban por llegar a los precios finales que pagan el conjunto de los consumidores.

Las comunidades, en los últimos años, acuciadas por la necesidad de dinero, han impuesto a las eléctricas diferentes tasas y recargos. En algunas autonomías como Extremadura, Castilla-La Mancha y Castilla y León, los impuestos añadidos alcanzan cifras importantes. Según datos del sector, los diferentes impuestos suman más de 60 millones en Extremadura, 39 en Castilla y León y 20 en Castilla-La Mancha.

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