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El Gobierno trata de incentivar que los evasores se acojan a la amnistía fiscal

El Ejecutivo amplía la declaración obligatoria a inmuebles en el extranjero.

Hacienda suprime la prescripción del fraude por los bienes no declarados en el exterior

El Consejo de Ministros envía al Congreso el proyecto de ley contra el fraude fiscal

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, tiene claro lo que va a hacer para mejorar la recaudación fiscal: “Palo y zanahoria para la regularización de la economía sumergida”, según dijo esta semana en el Congreso. Mientras con una mano ofrece a los evasores la posibilidad de limpiar el dinero negro a través de una amnistía fiscal, con la otra esgrime un proyecto de ley contra el fraude tributario. Otra cosa es que la fórmula funcione porque la recaudación hasta ahora es menor de lo esperada.

Por eso, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado este viernes que ha remitido al Congreso el proyecto de Ley antifraude fiscal para que sea tramitada por el procedimiento de urgencia.

La medida más llamativa de la citada norma, que ya fue presentada el pasado 13 de abril en el Consejo de Ministros, es la limitación del pago en efectivo a 2.500 euros para operaciones en las que intervenga un empresario. “No se podrán pagar servicios profesionales con más de esa cantidad en metálico”, ha precisado la vicepresidenta. El límite asciende a 15.000 euros cuando se trate de un particular no residente, por ejemplo los turistas. Hacienda multará con el 25% del valor en metálico a los evasores que incumplan esta restricción. El Gobierno favorece la delación y eximirá de sanción a quien denuncie este tipo de operaciones.

Una de las novedades del proyecto de ley contra el fraude fiscal es que los contribuyentes tendrán la obligación de informar sobre las cuentas, valores, títulos, cuentas corrientes, seguros de vida e inmuebles de los que sean titulares, beneficiarios o figuren como autorizados. Ya no hace falta informar sólo si uno es titular de los bienes ahora la obligación se extiende a la adquisición o autorización para disponer de esos bienes. Con este medida, Hacienda pretende evitar que los evasores se beneficien de tramas societarias —conocidos como trust, según la jerga empresarial— para eludir la obligación de informar y, por tanto, de pagar los impuestos correspondientes.
El Ejecutivo establece una sanción mínima de 10.000 euros para los que eviten informar sobre sus bienes en el extranjeros y establece una multa adicional de otros 5.000 euros por cada dato omitido. Además, “las ganancias patrimoniales de estos bienes no declarados no prescribirán nunca”, ha señalado la vicepresidenta. “Se atribuirán al ejercicio fiscal del año en que se descubra”, ha precisado.

Incentiva así a los evasores a acogerse a la amnistía fiscal. Antes de que entre en vigor esta norma, que será tramitada en el Congreso, los defraudadores podrán regularizar su situación pagando solo un 10% sobre las rentas declaradas. O, también, podrán acogerse a una regularización extraordinaria por la que solo pagaría por los rendimientos obtenidos durante los últimos cuatro años —los obtenidos antes estarían prescritos—. A partir de que entre en vigor la Ley contra el fraude se endurecen las penas y se elimina la prescripción. Con esta medida el Gobierno pretende aflorar hasta 25.000 millones de euros ocultos en paraisos fiscales.

El Gobierno también pretende excluir del régimen de módulos tanto para el IRPF como el IVA a aquellos que facturen menos del 50% de sus operaciones a particulares y cuyos ingresos sean superiores a 50.000 euros al año. Hacienda pretende así evitar el fraude en el sector de la albañilería, la fontanería, carpintería y el transporte de mercancías “tradicionales nichos de fraude fiscal”. También quedarán excluidos de este régimen tributario por módulos [pagan en función de unos criterios objetivos y no por sus beneficios] los empresarios que ingresen más de 225.000 euros. Y en el caso de transportistas o mudanzas serán excluidos aquellos que facturen más de 300.000 euros.

Otro de los objetivos del Gobierno es acabar con la pregunta “¿Con IVA o sin IVA?”, como repite con frecuencia el ministro Montoro. El impuesto sobre el consumo es objeto de gran fraude, según admiten en Hacienda. Además, las instituciones internacionales endurecen sus exigencias de ampliar las bases imponibles de este tributo —la cantidad de dinero sujeta al impuesto—. Una de las vías para lograrlo es, además de subir el tipo, endurecer la lucha contra el fraude. Así, Hacienda potencia el cobro del IVA en operaciones de entrega de inmuebles, importaciones y declaraciones en concurso. "Se trata de que declare todo el mundo, porque para que aumente la recaudación, más que el debate de la subida de tipos, lo importante es que las bases imponibles sean amplias", ha manifestado Soraya Sáenz de Santamaría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Para reducir este tipo de evasión en el impuesto sobre el consumo, el Gobierno limita la deducción del IVA en las operaciones inmobiliarias. Así, “el sujeto adquiriente sólo podrá deducirse el IVA soportado si acredita que ha ingresado el IVA repercutido”.

Otra de las medidas que ha detallado Sáenz de Santamaría consiste en limitar la actividad de las sociedades con patrimonio inmobiliario que estén participadas por deudores tributarios sin bienes. La vicepresidenta ha explicado el caso verídico de un sujeto investigado por el fisco y que no podía pagar la deuda tributaria porque "solo tenía a su nombre un ciclomotor". Pero además, era titular de acciones de una sociedad con inmuebles y aunque hasta ahora se le podían embargar las acciones, el evasor podía ordenar a la sociedad la venta de los pisos para evitar el pago a Hacienda. Ahora la nueva normativa impedirá que se puedan vender esos bienes para escaquear el pago a la Agencia Tributaria.

La norma, también, endurece las sanciones a aquellos que obstaculicen la investigación de la inspección fiscal con multas hasta 100.000 euros para los que no sean empresarios y hasta 600.000 euros para los que si tengan actividad empresarial. Aunque prevé reducciones de hasta el 50% ante el arrepentimiento de los defraudadores.

Para garantizar el pago de las deudas con Hacienda, el proyecto permite a la Agencia Tributaria tomar medidas cautelares para evitar que los deudores se declaren en situación de insolvencia o cometan un alzamiento de bienes para que Hacienda no pueda cobrar.

El Gobierno calcula que gracias al plan antifraude podrán recaudar 8.161 millones más, aunque la vicepresidenta ha preferido destacar que gracias al refuerzo de los poderes de Hacienda se ampliará la base impositiva del conjunto del Estado.