Recobrar la confianza, objetivo clave

La sociedad española está pasando por momentos de confusión y de gran incertidumbre acerca de la sostenibilidad financiera de la economía española, es decir, acerca de si España podrá salir adelante sin pedir la ayuda de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional (FMI). La situación, sin embargo, está clara. La financiación otorgada por el Banco Central Europeo (BCE), especialmente en las dos grandes operaciones de préstamos a tres años con adjudicación total del importe solicitado por los bancos, concedió liquidez para ir tirando mientras se recobraba la confianza de los inversores y volvía la financiación necesaria por los canales normales de los mercados. Se suponía que las medidas en el ámbito fiscal (Ley de Estabilidad Presupuestaria, Presupuestos Generales del Estado para 2012, acuerdos con las comunidades autónomas y medidas para hacerlos efectivos), en el financiero y en el campo de las reformas estructurales (principalmente, la laboral) deberían hacer que se recobrara dicha confianza. El caso es que, por unas razones u otras, la confianza no solo no se ha recobrado, sino que se ha deteriorado más. El aumento de la prima de riesgo por encima de los 500 puntos básicos respecto a Alemania pone de manifiesto una retirada progresiva de los inversores que en su día adquirieron activos españoles.

La prima de riesgo evidencia una retirada de los inversores

La liquidez acumulada por los bancos y el Tesoro público aún da para algunos meses. Si en estos meses se logra dar la vuelta al sentimiento de los inversores, España podrá salir sola del atolladero. Si no, no habrá más remedio que pedir ayuda. La pregunta ahora es: ¿qué se puede hacer para recobrar la confianza? En principio, se debería aclarar la verdadera situación de los balances bancarios y establecer una estrategia precisa de saneamiento y recapitalización de los mismos. Las auditorías en marcha serán clave en este proceso. Además, el compromiso con la consolidación fiscal debe ser demostrado con los hechos (medidas cuantificables de disminución del gasto y estricto control mes a mes de la ejecución de los presupuestos que permita la adopción de medidas en caso de desviación). Aun así, no es seguro que haciendo todas estas cosas bien vuelva la financiación de los mercados. Porque, ¿qué pasaría si las necesidades de recapitalización de los bancos son tan elevadas que los inversores piensan que las propias entidades y el Estado español no pueden hacerse cargo de las mismas por sí solos? O, ¿cuál sería su reacción si, a pesar de un control estricto del gasto público, no se consiguen los objetivos de déficit público porque los ingresos caen a causa de la recesión en la que está sumida la economía? Debemos, por tanto, hacernos a la idea de que la posibilidad de tener que pedir ayuda es elevada. Pero tampoco ello es tan grave. Nos pondrían condiciones, sí, pero, mirándolo bien, a lo mejor así hacemos las reformas y tomamos las medidas que llevamos años sin hacer del todo.

La información coyuntural conocida en la última semana ilustra bastante bien nuestros problemas. La balanza de pagos muestra una corrección del déficit por cuenta corriente hasta marzo del 12% respecto al mismo periodo del año anterior. Pero el foco de atención ya no está ahora en la cuenta corriente, sino en la financiera, que, excluido el Banco de España, presenta un déficit (salidas de capitales mayores que las entradas) de 97.000 millones. Este déficit, más el corriente, lo financia de momento el Eurosistema, pero esto no puede durar así mucho tiempo.

Ni siquiera haciendo todo bien es seguro que no haya que pedir ayuda

También conocimos las cuentas del Estado y de la seguridad social hasta abril. El primero ha estado en estos meses adelantando a las comunidades autónomas y a la Seguridad Social transferencias que normalmente debería hacerles más adelante (algo más de 7.000 millones), minimizando así sus problemas de liquidez. Ello explica que su déficit aumente, pero solo en parte, ya que, descontando dichas transferencias adelantadas, el déficit sigue siendo superior al del año anterior. La causa fundamental es que la recaudación de impuestos está dando menos de lo que se preveía. En cuanto a la seguridad social, si se descuentan las transferencias adelantadas que le ha hecho el Estado, el déficit acumulado en los 12 últimos meses alcanza algo más de 2.000 millones, y va a más.

Ángel Laborda es director de coyuntura de la Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS).