Repsol da el primer paso para demandar a Argentina por la nacionalización de YPF

Repsol ha dado el primer paso para demandar a Argentina por la nacionalización de la petrolera YPF. La compañía española ha notificado a la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, la declaración de existencia de controversia bajo el Tratado de Promoción y Protección de Inversiones, controversia que deberá dirimirse en un arbitraje internacional ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo con sede en Washington dependiente del Banco Mundial, según fuentes al tanto del proceso.

Previamente a la presentación de la demanda arbitral el CIADI, las partes tienen un plazo de seis meses para buscar una solución negociada. Aunque el ministro de Planificación, Julio de Vido, ha declarado a la televisión venezolana que "Repsol ya ha presentado su caso en el Ciadi", sin dar más detalles, en realidad lo que ha hecho la compañía española es dar el paso previo.

Según la empresa española, la expropiación de YPF implica una violación de los compromisos asumidos por Argentina bajo el Acuerdo para la Promoción y la Protección Recíproca de Inversiones entre España y Argentina.

Los Tratados de Promoción y Protección de Inversiones (APPRIs) son tratados bilaterales de naturaleza recíproca que contienen medidas y cláusulas destinadas a proteger, en el plano del derecho internacional, las inversiones realizadas por los inversores de cada Estado-Parte en el territorio del otro Estado-Parte. Su objetivo es proporcionar un ambiente estable y favorable a la inversión que permita reducir los factores de incertidumbre política y jurídica que a veces afectan al desarrollo de los proyectos de inversión a los que se suele enfrentar la empresa en el exterior. Son suscritos principalmente con países no miembros de la OCDE.

La petrolera pedirá la reintegración de YPF o la reparación de los daños y perjuicios

En ellos los Estados asumen internacionalmente ciertos compromisos de trato a las inversiones procedentes del otro Estado y permiten en caso de discrepancias o controversias dirimirlas en un foro más neutral que la de los tribunales del propio Estado que adopta las medidas que afectan negativamente a esas inversiones extranjeras.

Con la notificación, Repsol anuncia formalmente el comienzo inmediato de acciones legales bajo el Derecho Internacional para que se declaren ilícitos y se condene a Argentina a la reintegración o a la reparación integral de los daños y perjuicios que hayan podido ocasionar.

Según la argumentación de la compañía española, Argentina ha violado diversas reglas del Tratado, comenzando por la obligación de no nacionalizar o expropiar las inversiones de Repsol, o de someterlas a medidas de efecto equivalente, que “en ningún caso [podrán] ser discriminatoria[s]”, salvo por causas de utilidad pública y contra el pago de una indemnización adecuada y sin demora (artículo V del Tratado).

Previamente al anuncio de la expropiación, Argentina sometió a los activos de YPF a ciertas medidas dirigidas a erosionar o destruir su valor. En este sentido, en el transcurso de los últimos meses, varias Provincias (Chubut, Santa Cruz, Mendoza, Neuquén, Río Negro y Salta) han confiscado concesiones pertenecientes a YPF de manera coordinada a través de declaraciones de caducidad infundadas y políticamente motivadas, según sostiene Repsol. Luego, el 16 de abril, hizo efectiva la expropiación del control de YPF, mediante la ilegítima intervención de la compañía y la expulsión de sus directivos (y el día 18 de abril de 2012 se hizo lo mismo con Repsol YPF Gas), sin observar las medidas de protección establecidas por el Estatuto de YPF y antes incluso de la promulgación formal de la Ley de Expropiación de YPF, siempre según los argumentos de la española.

La empresa usará como argumento el trato discriminatorio recibido

Además, la compañía española considera que la expropiación de las inversiones de Repsol es ilícita y no ha sido acompañada de ninguna de las garantías exigidas por el citado Tratado, ni tan siquiera de la que contempla el pago de una indemnización adecuada y sin demora a cualquier medida expropiatoria.

Repsol argumenta que Argentina ha violado la obligación de garantizar un “tratamiento justo y equitativo” a las inversiones (a lo que obliga el artículo IV.1 del Tratado), puesto que las medidas adoptadas han alterado por completo el marco jurídico y económico de la inversión de Repsol en YPF, y de Repsol y Repsol Butano en Repsol YPF Gas.

También Argentina ha violado su compromiso internacional de no obstaculizar en modo alguno, mediante medidas injustificadas o discriminatorias, la gestión, el mantenimiento, la utilización, el disfrute, la extensión, la venta, o, en su caso, la liquidación de tales inversiones (incumpliendo el artículo III.1 del Tratado), según la empresa.

La compañía cree que es evidente que los decretos de intervención y la Ley expropiatoria actúan solamente en contra de los intereses de Repsol, sin interferir directamente en la participación de los demás accionistas de YPF y de Repsol YPF Gas, ni afectar a cualquier otra compañía de hidrocarburos presente en el país.

La argumentación española concluye que todo esto pone de manifiesto que se trata de medidas de carácter singular contra Repsol, abiertamente contrarias al principio de paridad de trato y contradiciendo también claramente lo previsto en el citado artículo V del Tratado, según el cual “en ningún caso [la expropiación] deberá ser discriminatoria”. Por ello, también han sido infringidas las disposiciones del Tratado sobre paridad con el trato al nacional (artículo IV.5 del Tratado) y el tratamiento de la nación más favorecida (artículo IV.2 del Tratado).

La petrolera española, según anunció su presidente, Antonio Brufau tras la nacionalización por decreto de su filial el 17 de abril, pedirá al organismo de arbitraje que imponga una compensación de 10.500 millones de dólares (8.160 millones de euros al cambio actual) por su participación del 51% en YPF que ha pasado a manos del Estado argentino, a lo que podrían sumarse cantidades adicionales.

Otras empresas españolas con presencia en Argentina también han acudido al Ciadi para dirimir sus conflictos. Este ha sido el caso de Telefónica, Endesa, Gas Natural y Aguas de Barcelona, aunque algunas de ellas acabaron por llegar a soluciones negociadas.