Los directivos de las empresas del Estado cobrarán hasta un 35% menos

Los directivos del sector público empresarial han recibido dos severos reveses durante la última semana. Hace siete días el Gobierno aprobó la reforma laboral que permite despedirlos con una indemnización de siete días por año trabajado. Y este viernes les redujo el sueldo.

El Gobierno ha enviado al Consejo de Estado para que lo valore un real decreto que reduce el sueldo de los ejecutivos del sector público empresarial entre un 25% y un 35%. La norma establece un tope de 105.000 euros para el salario de los directivos de las grandes empresas públicas. También reduce el número de consejeros y obliga a dar publicidad de su remuneración. “Hemos buscado garantizar que las empresas estén dirigidas por personas de la suficiente solvencia, pero siempre teniendo muy presente que las cantidades que se conocen hoy no pueden sostenerse para el sector público. Son tiempos de austeridad”, señaló la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que presentó la medida aprobada en el consejo de ministros.

En total hay unas 455 empresas públicas estatales entre sociedades mercantiles, organismos autónomos y otras entidades públicas, según el Inventario del Sector Público Empresarial (Invespe), dependiente del Ministerio de Hacienda, que está trabajando para clasificarlas en tres grupos en función de su tamaño, cifra de negocio y número de trabajadores.

El Gobierno declina cuantificar el ahorro que supone la medida[if gte mso 9]> Normal 0 21 false false false ES X-NONE X-NONE

Cuando la nueva norma entre en vigor las empresas públicas de gran tamaño no podrán tener más de 15 consejeros. Estos tendrán un sueldo base de 105.000 euros como máximo. El decreto limita a 12 el número de consejeros y fija un sueldo máximo de 80.000 euros para las empresas medianas. Y los consejos de administración de las sociedades de reducida dimensión no podrán contar con más de nueve consejeros, cuyo sueldo máximo será de 55.000 euros.

Pero el Gobierno deja abierto un resquicio para que los ejecutivos puedan cobrar más. Establece un “complemento de puesto” —que se determinará en función de la responsabilidad, el sector de actividad— y otro “complemento variable” —que determinará el Gobierno en función de unos objetivos que fije previamente—. “Y podrá ser perfectamente no cobrada”, precisó ayer la vicepresidenta.

La bajada media a los cargos de la SEPI asciende a unos 54.000 euros

El decreto reducirá las nóminas de los directivos y consejeros de la Sociedad Estatal de Participaciones Estatales (SEPI), que también tendrán que hacer público su sueldo que hasta ahora es opaco. El Gobierno calcula que la retribución media de los ejecutivos de la SEPI es de 200.600 euros anuales y estima que a partir de ahora bajará un 27%. Según esto, cada directivo de esta sociedad estatal verá reducida su nómina en unos 54.000 euros al año.

Pese a que no aportó muchos datos, la vicepresidenta puso dos ejemplos para ilustrar el impacto de la medida: El actual presidente de Navantia (empresa participada por la SEPI), Luis Cacho, cobrará un 28% menos “sumando fijo y el máximo variable”, precisó Saénz de Santamaría, que también se refirió al primer directivo de Hunosa (también de la SEPI), cuyo salarió se rebajará un 23%.

La medida, sin embargo, no afectará a los ejecutivos de empresas privadas pero participadas por el Estado como Red Eléctrica Española (REE), Iberia o Ebro que tienen sueldos más elevados.

La vicepresidenta fue cuestionada sobre la posibilidad de que la nueva normativa propicie una fuga de ejecutivos del sector público al privado por la reducción de salarios. Sáenz de Santamaría aseguró que se pueden establecer primar con la parte variable “para atraer a los mejores”. Además, la vicepresidenta precisó que “no es lo mismo un presidente que un directivo”, precisó. El decreto regula también las retribuciones en especie. La norma pretende acabar con la práctica habitual de añadir a los sueldos el pago de la vivienda, manutención o coches.

La número dos del Gobierno de Mariano Rajoy apenas aportó datos sobre el impacto que tendrá sobre las arcas públicas. Solo cifró en un millón de euros el ahorro en dietas con la nueva norma. Fuentes del Gobierno admiten que aún desconocen cuánto ahorro supondrá la iniciativa y reconocen la dificultad para reunir los datos de todo el sector público empresarial, número de consejeros, sueldos... Un portavoz del ministerio de Hacienda aseguró que aún están recabando datos y que desconocen el impacto del decreto.