La denuncia de Mas contra el Gobierno central irrita al PP

La denuncia que la Generalitat ha anunciado contra el Gobierno para reclamar el cobro de los 759 millones de euros de la disposición adicional tercera del Estatuto no ha hecho ni pizca de gracia al Partido Popular (PP). Aunque la denuncia tiene una clara voluntad de poner en evidencia al Gobierno socialista saliente, el PP sabe que será él el que tendrá que gestionar un eventual problema jurídico cuando Mariano Rajoy tome posesión la próxima semana. De ahí que el portavoz parlamentario del PP catalán, Enric Millo, alertara ayer de que acudir a los tribunales "es el peor error".

Aunque la denuncia de la Generalitat no romperá la luna de miel que viven Convergència i Unió y el Partido Popular en el Congreso de los Diputados, el PP quiere evitar los encontronazos con los nacionalistas catalanes nada más arrancar la legislatura. Pero Millo llegó más lejos y afirmó que si la Generalitat no ha cobrado el dinero pendiente es porque no lo ha reclamado formalmente y por escrito con el convenio correspondiente.

La Generalitat mantiene su pulso con el Gobierno en funciones. Fuentes del Ejecutivo catalán explicaron que los acuerdos entre ambas Administraciones sobre los pagos pendientes están perfectamente documentados desde el pasado 18 de julio, cuando se celebró la última reunión entre Gobierno y Generalitat, y que la pelota está en el tejado de José Luis Rodríguez Zapatero mientras esté al frente del Gobierno.

Lo que no está tan claro es el destino del dinero en caso de que llegue antes de fin de año. En principio, los 759 millones deben dedicarse íntegramente a costear infraestructuras por mandato estatutario. Pero hace ya unos meses la vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, pidió a la Generalitat que no gastara este dinero en nuevas inversiones, sino en sufragar déficit. La Generalitat aceptó a regañadientes el trato, aunque los grupos de la oposición no ven con buenos ojos algo que, entienden, vulnera el espíritu del Estatuto.

Pero no todo está perdido. El recurso contencioso administrativo contra el Gobierno central todavía no está presentado. De hecho, la Generalitat se ha dado 30 días antes de acudir a los tribunales, en un último intento de acelerar las negociaciones, y aún hay margen para el acuerdo. El consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, dará hoy nuevos argumentos en una comparecencia ante los medios de comunicación y ofrecerá más detalles sobre cómo afectará el impago a los proveedores y funcionarios de la Generalitat. Una de las medidas que se han barajado es retrasar unos días el impago de la paga extra a los trabajadores públicos.