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Mariano Rajoy, en la sede del PP / ULY MARTÍN
La mayor crisis de la historia del euro ha coincidido con una particular situación política en España: un Gobierno en funciones, desautorizado por las urnas, y un presidente in pectore que ha logrado 186 diputados pero aún no tiene el poder efectivo, e insiste en que quiere respetar los plazos.
Reformar la sanidad pública española aplicando un modelo de seguros privados obligatorios a partir de un nivel determinado de renta. Es la reforma que propuso ayer el consejero de Salud de la Generalitat catalana, Boi Ruiz, para evitar la quiebra del sistema sanitario español ante los recortes que deberá aplicar el nuevo Gobierno del PP.
¿Cuánto cuesta una entrada a un museo? ¿o el transporte escolar? ¿o una prueba diagnóstica? ¿o un servicio de ayuda a domicilio? El Gobierno andaluz quiere que los 3.982.605 personas que reciben al año estos servicios de manera gratuita sepan lo que cuestan a la Administración autonómica gracias al dinero de los impuestos que recaudan de los ciudadanos.
PP y PSOE consideran que, finalmente, será inevitable que tanto Amaiur como UPyD puedan tener grupo parlamentario propio, según fuentes de ambos grupos. Obviamente, la decisión no se ha tomado aún oficialmente y sobre todo para los populares no es fácil aceptar que los siete diputados de la izquierda abertzale tengan grupo parlamentario.
Treinta y seis años después de la muerte de Franco, el Gobierno en funciones propuso ayer levantar la losa de granito de 1.500 kilos que lo sepulta y exhumar sus restos para entregárselos a la familia. Así lo recomienda la comisión de expertos a la que el ministro de la presidencia, Ramón Jáuregui, encargó un plan para que el Valle de los Caídos dejara de ser lo que Franco quiso.
La instrucción del caso Emarsa sigue ofreciendo detalles del sistemático pillaje al que fue sometido la sociedad pública de depuración del agua de Valencia hasta llevarla a la quiebra. El último auto del juez Vicente Ríos, revela que la empresa creada por los Ayuntamientos de Valencia y de otros 17 municipios pagó, por habitaciones de hotel en las que no se alojó nadie.
Fernando Blanco, exconsejero de Industria de la Xunta por el Bloque Nacionalista Galego (BNG), negó ayer en el Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo que hubiese recibido pagos ilegales del empresario Jorge Dorribo, principal imputado en el caso Campeón.
Lo que el lunes la dirección negaba de plano, ayer pasó a admitirlo con matices. Las dimisiones de ocho de los 17 miembros de la Presidencia de IU-Extremadura "pueden estar motivadas por discrepancias en la gestión interna de la organización y de la actividad parlamentaria", según afirmó ayer el coordinador regional, Pedro Escobar, en un comunicado.
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