Cataluña planteará a Rajoy implantar un seguro sanitario privado obligatorio

Reformar la sanidad pública española aplicando un modelo de seguros privados obligatorios a partir de un nivel determinado de renta. Es la reforma que propuso ayer el consejero de Salud de la Generalitat catalana, Boi Ruiz, para evitar la quiebra del sistema sanitario español ante los recortes que deberá aplicar el nuevo Gobierno del PP. "Una póliza básica de seguro obligatorio", resumió en un debate sobre el futuro de la sanidad organizado por la patronal de clínicas privadas de Cataluña. "Debería abrirse un debate para pensar en un modelo asegurador diferente", lanzó antes de precisar que desconoce qué medidas aplicará al respecto el Ejecutivo que presidirá Mariano Rajoy.

Ruiz, cuyo primer año como consejero de CiU se ha caracterizado por los recortes en sanidad y los planes para abrir al capital privado hospitales y ambulatorios públicos, matizó en una nota posterior que la Generalitat no considera este tipo de financiación. "Se ha hablado sobre aplicar un modelo como el holandés pero quien debe tomar este tipo de decisiones es el Gobierno central", señaló en un comunicado. El consejero sí señaló que el Ejecutivo del PP debería abrir un debate sobre la idoneidad de aplicar "un modelo asegurador diferente".

"Debería abrirse un debate sobre el modelo sanitario", avisa Ruiz al PP

La Generalitat amenaza con incumplir el objetivo de déficit

La ministra de Sanidad en funciones, Leire Pajín, reaccionó solicitando al futuro Gobierno del PP que "no consienta" que Ruiz oriente al nuevo Ejecutivo para evitar así "quebrar" la sanidad pública española. "Espero que el nuevo Gobierno haga todo lo que esté en su mano para evitar que se cumplan estas intenciones", señaló también en referencia a los planes del consejero de implantar una especie de copago sobre los medicamentos en Cataluña a través de una tasa administrativa. "Cada día conocemos una nueva supuesta medida que no se explicó a los catalanes antes de las elecciones generales", lamentó Pajín.

Ruiz, que desde su anterior cargo como presidente de la patronal de hospitales concertados que prestan servicio a la sanidad pública catalana ya reclamó el copago en los medicamentos, también ha sido acusado por los sindicatos de pretender privatizar la sanidad pública. "En este contexto de crisis deberíamos avanzar hacia un modelo sanitario más europeo", defendió el consejero.

El modelo holandés al que se refiere Ruiz consiste en un sistema mixto de aseguramiento público y privado. El Gobierno se ocupa de regular las aseguradoras y proveedores privados para garantizar la accesibilidad y la calidad de los servicios sanitarios y establece una serie de cuotas fijas para el seguro considerado básico. Las empresas privadas, por su parte, proporcionan los servicios sanitarios y comercializan pólizas obligatorias para los ciudadanos. La ley obliga a estas compañías a ofrecer un seguro básico mínimo de forma que no pueden rechazar a nadie que lo solicite. El coste de este seguro ronda los 100 euros mensuales, ya que las compañías de seguros lo aplican sobre la cuota un coste adicional. Los ciudadanos deben pagar además una contribución adicional que varía en función de los ingresos. Los menores de edad no deben pagar ninguna póliza y se les asegura gratuitamente con el seguro básico. Los ciudadanos pueden optar por contratar un seguro adicional para servicios no incluidos en la póliza básica, caso en el que las compañías ya pueden imponer su precio y rechazar solicitudes.

El consejero defendió implantar este tipo de seguros obligatorios ante la encrucijada que se le presenta al PP. "Deberá hacer frente a la gestión de la deuda a corto plazo y difícilmente podrá definir un cambio de modelo a medio plazo", señaló Ruiz antes de añadir que el sector público y el privado "deben cooperar más que competir". Por ello solicitó a las patronales sanitarias que presenten un plan estratégico en el que detallen sus necesidades para ver en qué aspectos puede ayudarles la Administración para sostener la sanidad pública. Ruiz señaló que la sociedad española ha vivido por encima de sus posibilidades y lamentó "la certeza" de que el retorno de la deuda durante los próximos cinco años convertirá en inviable pensar en volver al modelo de vida anterior.

En este sentido, la Generalitat también amenazó con incumplir su objetivo de déficit de este año, previsto en el 2,6%, si el Gobierno central no le paga antes de fin de diciembre los 750 millones pendientes en concepto de la disposición adicional tercera del Estatuto catalán, referido a las infraestructuras. El portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, ha lamentado las "incertidumbres" que pesan sobre los cobros pendientes de la Generalitat para abrir la puerta a incumplir la previsión de déficit.