Un sacrificio constitucional

La triste imagen de un presidente del Gobierno que parece ansioso por inmolarse no oculta la realidad: lo que se está sacrificando en estas últimas semanas no es la estampa de Rodríguez Zapatero, sino la percepción de la propia Constitución, convertida de golpe en un texto que se puede cambiar en 48 horas, sin consenso y sin consulta a todos los grupos parlamentarios, por el repentino acuerdo de los dos grandes partidos. Se sacrifica en el altar de los mercados financieros la representación que tenía la mayoría de los ciudadanos del texto constitucional como un modelo estable, que debía someterse a un patrón de reforma más elevado que el resto de las normas legislativas. Conste además que las reformas de la Constitución no las hacen los Gobiernos, sino los partidos, así que, llegado el momento, la responsabilidad de lo que ha sucedido aquí no debería exigírsele a Zapatero o a Rajoy, sino directamente al PSOE y al PP.

Colocar a la propia Carta Magna en el campo de los especuladores es una idea peligrosa

Colocar a la propia Constitución en el campo de los especuladores, que se mueven a velocidad de vértigo, es una idea peligrosa. Se asegura que esta era la única manera de impedir que la segunda oleada de la crisis, inevitable en otoño, vuelva a colocar los intereses de la deuda en niveles insoportables; que solo así se podrá evitar que la eurozona salte por los aires; que estamos defendiendo Europa. En pocas semanas sabremos el efecto real que ha tenido esta ofrenda, pero es difícil creer que actúe como algo más que un momentáneo bálsamo, en el mejor de los casos.

Es difícil de creer que el daño sufrido por la Constitución esté justificado, porque los problemas que enfrenta el euro no se deben solo, ni tan siquiera principalmente, a la excesiva deuda soberana de algunos de sus países miembros. Todo el mundo sabía que esta crisis iba a llegar en algún momento, después de la creación de la moneda única, y que la única forma de encararla sería crear herramientas de gobernanza económica europea, incluida una política fiscal coordinada. No se hizo nada en estos años, y Alemania no debería sentirse ajena a ese despropósito. Todo lo que podía salir mal, salió mal, como denunciaron hasta la saciedad expertos y analistas. ¿A qué viene ahora hacerse los escandalizados? Los únicos que tienen derecho a sentirse estafados son los ciudadanos, no sus gobernantes y mucho menos los alemanes, que debían conocer exactamente lo que estaban haciendo sus bancos como ha escrito recientemente en este periódico el ex primer ministro británico Gordon Brown.

No se va a defender al euro y a la Unión Europea atropellando a la Constitución española. Se hará, si es que existe voluntad política para ello, con análisis como los de Brown, con unas pocas ideas claras que se esté dispuesto a explicar y a sostener. Altiero Spinelli, uno de los fundadores de la Unión Europea, escribió ya en los años sesenta: "Si el Estado nacional es la única forma de organización política de los europeos, deberíamos aceptar que hemos llegado al fin de la civilización europea". No existe la menor posibilidad de mantener un papel relevante en los próximos 20 años que no sea avanzar en la construcción europea, algo que, por supuesto, no alegra a los especuladores, pero que, afortunadamente, no pertenece a su ámbito, sino a la pura voluntad política. Los españoles y los europeos enfrentamos un otoño decisivo: lo que se discuta y decida en los próximos meses será determinante para nuestro futuro.

En el siglo pasado ocurrió el llamado "Pánico de 1907", que estuvo a punto de destruir el sistema financiero norteamericano y hundir al dólar. Fueron unas semanas y unos meses decisivos en los que un grupo de personas, públicas y privadas, sometidas a una enorme presión, tomó a gran velocidad un puñado de decisiones correctas. Ninguna moneda nueva (el dólar se creó realmente en 1863) nace sin enormes presiones y ninguna sobrevive sin grandes acuerdos. En nuestro caso, lo que falta es saber la categoría de quienes toman las decisiones.