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Ultimátum judicial a Cataluña para que ofrezca enseñanza en castellano

El Tribunal Superior catalán da dos meses a la Generalitat para que el español sea lengua vehicular en la escuela - La Generalitat recurrirá para salvar el modelo

Dos meses de plazo para que la Generalitat refuerce el castellano en el sistema educativo catalán. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha reclamado al Gobierno de CiU que actúe en menos de 60 días para implantar el castellano como lengua vehicular en la escuela pública catalana, algo que choca con el modelo de inmersión lingüística aplicado durante décadas por gobiernos liderados por CiU y por el PSC.

Así lo señala un auto del pasado 28 de julio hecho público ayer en que la sección quinta de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJC exige a la consejera de Enseñanza, Irene Rigau, que actúe para cumplir las sentencias del Tribunal Constitucional -sobre el Estatuto- y del Supremo, de diciembre pasado, sobre la demanda de una familia de escolarización en castellano. El auto fija un límite temporal para que la Generalitat demuestre que actúa en este sentido.

La consejera Rigau puede ser multada reiteradamente con 1.500 euros

Sindicatos y padres de alumnos critican que se "ataque" un sistema "exitoso

El fallo del Supremo de diciembre de 2010 admitía que el catalán "pueda tener un trato diferenciado" para garantizar la educación bilingüe, pero reclama que el uso del castellano "no quede reducido al objeto de estudio de una asignatura más". Esas sentencias del Supremo apelaban a la doctrina que sentó el Constitucional al resolver, en junio del año pasado, sobre el Estatuto en el sentido de que el catalán era "lengua vehicular, pero no la única".

Rigau anunció a última hora de la tarde que la Generalitat recurrirá el auto "con el máximo respeto y la máxima lealtad institucional". Aunque esta impugnación solo suspenderá la ejecución del auto si lo acuerda el propio TSJC, la consejera confió en que "permitirá justificar que no es necesario ningún cambio". "El Constitucional permite que el catalán sea el centro de gravedad del modelo siempre que no se excluya el castellano, y así se hace", interpretó la consejera.

El auto es consecuencia de la causa abierta por un padre que en 2006 denunció a Enseñanza por desestimar su solicitud para incorporar el castellano como lengua vehicular en las escuelas en las que estudiaban sus dos hijos. La demanda ganó el apoyo de Convivencia Cívica Catalana, plataforma promovida por el exlíder del PP catalán Alejo Vidal Quadras, que persigue la "desaparición de la inmersión lingüística". La singularidad del auto es que obliga al Gobierno catalán a actuar en un breve plazo de tiempo. En caso de inacción, el tribunal puede imponer reiteradas multas de hasta 1.500 euros a Rigau, según prevé el artículo 112 de la Ley Jurisdiccional. En último extremo, la consejera podría ser acusada de desobediencia a la autoridad o de obstrucción a la justicia, advierte el catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo.

El TSJC, sin embargo, tampoco reclama reconfigurar de arriba abajo el modelo educativo catalán. "El juez solo pide que la Generalitat aplique cambios y que le informe de ellos", precisó Pérez Royo. "Si la actuación le parece insuficiente, resolverá qué medidas aplicar en otras resoluciones", añadió. "Siempre que el juez no interprete que los cambios aplicados de la Generalitat son un fraude para ganar tiempo", advirtió el jurista Pablo Rodríguez.

La Generalitat y la consejera de Enseñanza disponen de poco margen para seguir posponiendo más cambios. De hecho, en este mismo proceso judicial, el TSJC ya reclamó en junio a Rigau que notificara las medidas aplicadas para fijar el castellano como lengua vehicular, en cumplimiento de la sentencia del Constitucional sobre el Estatuto. La consejera respondió aportando varios estudios y modelos estadísticos para concluir en un escrito que consideraba "necesario continuar con el actual modelo educativo", detalla el auto judicial. "El citado escrito resulta insuficiente para considerar cumplidas las sentencias", contrapone el auto del TSJC, que concluye emplazando a Rigau a contestar de nuevo "en el plazo máximo de dos meses". Tras ese periodo, la consejera deberá informar al Tribunal de las medidas adoptadas para cumplir las referidas sentencias.

El pasado mayo otras dos sentencias del Supremo ya reclamaban a la Generalitat incluir el castellano como lengua vehicular pero sin fijar más exigencias. La concreción de un plazo añade ahora tensión al debate.

La validez del modelo catalán para formar alumnos que adquieran competencias similares en catalán y en castellano es absoluta, coinciden los lingüistas. "Pero realizar más materias en castellano tampoco debería perjudicar este bilingüismo", asumió Albert Branchadell, experto en política linguistíca. "Aunque algunos no estén en condiciones de aceptarlo, asumirlo y aplicarlo. El debate se estanca en una óptica muy ideológica y politizada", lamentó.

Solo PP y Ciutadans defienden el auto

Solo el PP y Ciutadans celebraron ayer el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que da dos meses a la Generalitat para adoptar las medidas necesarias para que el castellano sea la lengua vehicular en la educación catalana. El PP avanzó que exigirá que se cumpla la resolución y lamentó que la Generalitat abunde "en la ilegalidad y los incumplimientos". Ciutadans calificó la resolución como "un triunfo del Estado de derecho" y advirtió que el Gobierno catalán incurriría en un delito si incumple la resolución. Por contra, el resto de las formaciones políticas, asociaciones de padres y los sindicatos cargaron con contundencia contra el auto. "Ataca un modelo que ha demostrado su éxito durante décadas", sostuvo Comisiones Obreras. Con parecida dureza se pronunció UGT, que calificó el ultimátum judicial de "persecución del modelo catalán".

La futura candidata del PSC en las elecciones generales y actual ministra de Defensa, Carme Chacón, defendió que el modelo de inmersión lingüística en Cataluña ha garantizado "la cohesión social y lingüística". La portavoz de ICV-EUiA, Dolors Camats, pidió que el Gobierno garantice el catalán como idioma vehicular en la escuela y la inmersión lingüística "como aprendizaje de las dos lenguas". ERC, por su parte, reclamó al Gobierno de CiU "defienda, mantenga y amplíe" la inmersión lingüística".

Fallos sobre el catalán en la enseñanza

- La Ley de Normalización Lingüística, conocida como ley del catalán, se aprueba con la única abstención de un parlamentario del CDS en la Cámara catalana en abril de 1983. Es el inicio de la inmersión lingüística.

- Recursos contra los decretos que desarrollan esa ley, desde 1984 hasta 1991. En el campo de la Enseñanza se recurren en los tribunales de lo contencioso por el letrado Esteban Gómez Rovira, que reclama la enseñanaza de sus hijos en castellano.

- En diciembre de 1985, la Audiencia de Barcelona anula artículos fundamentales de la ley del catalán. En 1988, el Tribunal Supremo revoca ese fallo y da luz verde a la ley.

- En 1991, la ley del catalán llega al Tribunal Constitucional (TC) y este acaba avalándola en 1994. Once años después de su aprobación, el TC reconoce que el catalán es "lengua vehicular" de la enseñanza en Cataluña y su "centro de gravedad".

- En junio de 2010, la sentencia sobre el Estatuto del TC se pronuncia de forma ambigua respecto a los derechos lingüísticos: "El catalán debe ser la lengua vehicular de aprendizaje en la enseñanza pero no la única que goce de tal condición, predicable con igual título del castellano en tanto que lengua asimismo oficial". Y reconoce que el catalán debe ser el "centro de gravedad" del modelo.

- En diciembre de 2010, el Tribunal Supremo reconoce

el derecho de tres familias a que sus hijos sean escolarizados en castellano e insta a la Generalitat a tomar "las medidas necesarias"

de acuerdo con la sentencia del TC.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 3 de septiembre de 2011

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