Las obras públicas, a su precio justo

Los constructores recibieron a principios de junio una buena reprimenda de la Administración. Un nutrido grupo de encorbatados representantes de las empresas de obra pública celebraba la asamblea de una de las patronales del sector, ANCI. Fue entonces cuando la responsable de Infraestructuras del Gobierno, Inmaculada Rodríguez-Piñero, pidió a los congregados que aplicaran criterios de racionalidad. "Si no lo hacen, la resolución será mucho más dañina", espetó la representante del Ministerio de Fomento. Durante el ágape que siguió a las ponencias, más de un empresario confesaba que había llegado convencido de que iba a escuchar un discurso protocolario y que se había encontrado con una advertencia muy seria al sector.

Fomento critica que los cambios sean "una práctica habitual"

Las empresas dicen que solo se corrigen problemas surgidos durante el proyecto

Si se supera el 10% del presupuesto, el contrato se anulará y volverá a licitarse

El Gobierno sugiere "estudiar bien cada proyecto y decidir a cuál se va"

Las restricciones presupuestarias obligan y el Gobierno quiere hacer de la necesidad virtud. El objetivo es primar la eficiencia en la licitación de obras públicas y ajustar los costes al máximo. Para ello, pretende poner fin a la cultura, muy extendida en España, de presentarse a un contrato por una cantidad que desde el principio se considera reducida con la seguridad de en el proceso el presupuesto inicial irá creciendo a través de las modificaciones, llamadas modificados.

Frente a las exigencias de la Administración, en el sector defienden la racionalidad de estas prácticas. "La palabra modificado ha tenido un reflejo peyorativo. Da la sensación de abuso del contratista, que usaría este mecanismo bien para cubrir sus bajas, bien para puro enriquecimiento. Esto es falso", asegura Jaime Lamo de Espinosa, presidente de ANCI, asociación que reúne a constructores medianos y grandes. "Los modificados los pide normalmente la Administración contratante. Y siempre los tiene que autorizar. La mayoría proviene de las necesidades sobrevenidas en la ejecución de la obra, que no pudieron ser o no fueron tenidas en cuenta en el proyecto. La obra pública se desarrolla en contacto con el terreno y España tiene una geografía y geología muy complicada", añade Lamo de Espinosa, ministro de Agricultura con UCD.

En ANCI defienden que los modificados corrigen problemas surgidos en la ejecución de un proyecto aprobado por la Administración y en cuya redacción no ha intervenido el contratista. Añaden que se demoniza a las empresas que los practican. "Si el sistema tiene deficiencias, todas ellas no se pueden repercutir sobre el contratista", concluye Lamo de Espinosa.

Más contemporizadores con los planes de Fomento se muestran en Aerco, patronal de las medianas y pequeñas empresas dedicadas a la obra pública. "Es cierto que los modificados, que en el fondo son una forma de alterar el precio, constituyen un fracaso del proyecto técnico", asegura su presidente, Javier Sáenz Cosculluela. Aboga por revisar el esquema del contrato público de los pies a la cabeza. "Reducir el modificado, sí. Pero mejorar los proyectos, también", resume.

"En la definición de un proyecto a veces te dicen que no hay roca; y luego la hay. O que la tierra es blanda; cuando en realidad es dura. Todo eso encarece el proyecto. Tiene que haber mecanismos que eliminen las bajas temerarias. Si no, la obra quedará adjudicada por un precio tan bajo que por algún lado se romperá la cuerda. Al final aparecerá el modificado, porque no se trata solo de una anormalidad, sino de la vía para compensar a los que se han visto perjudicados", concluye Sáenz Cosculluela, que también fue ministro (de Obras Públicas con el Gobierno socialista de Felipe González).

Rodríguez-Piñero responde a todas estas críticas con una cifra. "El 98% de los contratos firmados por la Administración Central desde 1996 han sufrido modificados. Es cierto que hay hechos que no se pueden prever, como encontrarse con un yacimiento arqueológico, pero se ha convertido en una práctica habitual y eso no puede ser. Cuando en Europa hablas de la cultura de modificados que hay en España, no se lo pueden creer", asegura la secretaria general de Infraestructuras.

El objetivo principal del Gobierno es reducir costes y aumentar la eficiencia. Para ello se aprobó el año pasado una orden que impone más austeridad en el proceso licitador. Se establecían así parámetros de costes que van en función del terreno, unas horquillas mínimas y máximas de coste por kilómetro. En Fomento calculan que con esta modificación pueden lograr un ahorro del 22% en el proceso y se enorgullecen de que el año pasado redujeron los costes de los proyectos un 17%.

Con los modificados quieren ahora cambiar la cultura del sector. "Si el constructor analiza bien el proyecto antes, hará una oferta económica más ajustada. No es tanto un tema de precio, que entre la reducción inicial y la liquidación final no varía tanto, como de competencia. La ineficiencia genera más incertidumbre en la gestión. No puede ser que todas las empresas se presenten a todas las obras. Deben estudiarse bien los proyectos y decidir por cuáles quieren apostar", dice Rodríguez-Piñero. "Ahora que la licitación de obra pública está cayendo, las grandes constructoras van a los proyectos pequeños. A una obra de tres millones de euros se presentan todas las empresas. Es una locura", añade.

La Ley de Economía Sostenible, que entró en vigor el pasado mes de marzo, modificó el proceso licitador para adaptarse a los criterios de competencia. Desde entonces, a las tres obras que ha autorizado el Consejo de Ministros ya se les aplica el nuevo sistema. Si los modificados superan el 10% del coste del proyecto inicial hay que resolver el contrato y volver a licitar.

Este 10% es precisamente otro punto de fricción. Porque mientras para el Gobierno esta barrera se establece para asegurar una mayor eficiencia, las empresas lo consideran como un corsé que ahoga más que endereza. "Consideramos totalmente imposible limitar en un porcentaje concreto las modificaciones necesarias para adaptar lo proyectado a la realidad existente, que en muchos casos solamente se detecta durante la ejecución de la obra", asegura el presidente de ANCI.

Pero en su obligado camino hacia la austeridad, el Gobierno no quiere poner freno solo a los modificados. También busca un nuevo equilibrio entre la valoración de la oferta económica y técnica de cada proyecto. Hasta ahora puntuaban lo mismo. Pero en tiempos de crisis, la parte económica prima frente a todos los demás factores. Una sobrerrepresentación que Fomento cifra en el 15%. Así, los licitadores se encontrarán con que el componente técnico pesará un 46%, quedando el 54% restante reservado al económico.

Este mayor peso de la parte económica motiva la queja de las empresas. "La iniciativa de eliminar los modificados, si se plantea y se pone en marcha con acierto, podría ser positiva a largo plazo. Pero se impulsa esta medida cuando la licitación ha caído un 80%. Y cuando se prima la oferta económica sobre todo lo demás. Hay muchos menos proyectos, y encima tienen que ser más baratos", argumentan en una empresa mediana. Según este punto de vista, una propuesta interesante en otro contexto se convierte en una bomba de relojería para un sector que movió el año pasado 26.200 millones de euros en obra pública y que emplea a 1,4 millones de trabajadores en total.