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Explosión social en Reino Unido

El Gobierno británico corrige el tiro

El Ejecutivo admite que hay que integrar en la vida económica del país a las comunidades marginadas

"Esto es criminalidad pura y simple". El primer ministro de Reino Unido, David Cameron, circunscribió el pasado martes la orgía violenta que sacudía Londres y varias ciudades inglesas a una cuestión de pura delincuencia. A su juicio, los saqueos, el incendio de edificios y los destrozos provocados por los vándalos nada tenían que ver con los drásticos recortes en programas sociales, algunos ya ejecutados, o con el prolongado abandono de determinados distritos o minorías. Ayer, su Gobierno comenzó a matizar su posición. El canciller del Exchequer (ministro de Hacienda), George Osborne, apuntó otros motivos: "Hay comunidades que han sido relegadas. Hay comunidades que están apartadas de la vida económica del resto del país".

Casi 200.000 firmas piden en Internet retirar las ayudas a los saqueadores

Diez millones de personas residen en viviendas subvencionadas

Recorrer algunos suburbios de Londres o Birmingham es esclarecedor sobre las abruptas diferencias sociales, que muchos expertos afirman que van al alza, por mucho que el Ejecutivo destine un 30% de sus fondos al gasto social. Numerosos analistas han apuntado que la marginación social, el desempleo y los elevados precios no pueden ser despreciados a la hora de explicar los disturbios que han conmocionado al país, por mucho que algaradas de este estilo hayan brotado en el pasado periódicamente, a menudo en los mismos municipios y distritos. Pero hasta ahora se habían reducido a enfrentamientos entre la comunidad negra, que se siente flagrantemente discriminada y acosada por la policía, y los cuerpos de seguridad. Ahora ha sido diferente. Personas de toda raza, edad y condición social asaltaron y destrozaron comercios.

Osborne aludió a la necesidad de "ayudar a quienes sienten que no tienen lugar en la sociedad", pero también para que "comprendan cuáles son sus responsabilidades hacia otras comunidades, no solo sus derechos". El responsable de las finanzas públicas no fue el único que apuntó estas tesis. El exjefe de policía de Nueva York, Boston y Los Ángeles Bill Bratton, nuevo asesor de Cameron para el combate del crimen en Reino Unido, fue ayer bien explícito. "Las detenciones son ciertamente apropiadas para los más violentos, los incorregibles, pero gran parte de este problema debe ser abordado de otros modos. No es solo una cuestión policial. Es de hecho un asunto social", declaró Bratton a la cadena norteamericana ABC. "Parte del problema", abundó, "es avanzar para que el mantenimiento del orden sea más atractivo para una población cambiante". El flamante consejero de Cameron destituyó en la ciudad californiana a un millar de agentes corruptos y contrató a un millar de uniformados de diferentes etnias.

El hecho de que el Ejecutivo conservador admita que las diferencias sociales y económicas han podido influir en la vorágine violenta que ha causado cinco muertes e inmensos daños materiales no quiere decir que las autoridades no se propongan castigar con dureza a quienes perpetraron toda clase de tropelías. Los tribunales trabajan sin respiro y las sentencias que empiezan a dictarse son duras. La opinión pública exige un castigo ejemplar para los implicados.

Para empezar, una iniciativa canalizada a través de Internet ha recabado ya 181.570 firmas para que se celebre en la Cámara de los Comunes un debate sobre la retirada de todas las ayudas financieras y subsidios a quienes se entregaron al pillaje. "Durante demasiado tiempo hemos adoptado una actitud demasiado blanda hacia la gente que saquea en su propia comunidad", explicó ayer Cameron en la BBC. Y dirigiéndose directamente a los presuntos criminales, añadió: "Si hacéis eso, deberíais perder vuestros derechos a la vivienda subsidiada". Y agregó que esa medida puede ayudar a eliminar bandas criminales. Para quienes hayan cometido delitos más leves durante las cuatro noches de disturbios en la capital, en Manchester, Birmingham y otras ciudades del centro de Inglaterra, se promueve un incremento de las multas.

Según informaba ayer el Daily Mail, las autoridades de un distrito de Londres (Wandworth) no han esperado a la decisión del Parlamento. El citado diario aseguraba que la primera familia ya había recibido la orden de desahucio. La madre de Daniel Sartain-Clarke, un joven de 18 años acusado de robar aparatos eléctricos, dijo que no era responsable de los actos de su hijo, incidiendo en un tema que también influye en el desorden social: las familias monoparentales incapaces de educar adecuadamente a los menores. En Reino Unido, 10 de sus 60 millones de habitantes residen en viviendas subvencionadas.

Mientras, la normalidad vuelve paulatinamente a la vida los británicos. Los detenidos por la algarada que sembró la anarquía durante cuatro jornadas superan ya los 2.100, ha remitido totalmente la violencia y los londinenses ya rehabilitan sus negocios destrozados al tiempo que la policía, que divulga nuevas fotos de los delincuentes, insiste en la necesidad de la colaboración ciudadana para detener a los culpables.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 14 de agosto de 2011