La votación sobre la regla de gasto sembró confusión entre los consejeros autonómicos

La tensión y, sobre todo, la confusión caracterizaron las cuatro horas de reunión que mantuvieron el miércoles la vicepresidenta y ministra de Economía, Elena Salgado, y los consejeros de Hacienda de las 17 comunidades. El Consejo de Política Fiscal y Financiera resultó más participativo que otras veces, en buena parte por las dificultades a las que se enfrentan las autonomías y también porque había muchos consejeros recién llegados al cargo. Estas son las claves del encuentro.

- ¿Qué se votó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera? Principalmente, cuatro puntos. El primero afectaba a la regla de gasto que las comunidades pretenden pactar a partir de septiembre, pese a que finalmente no se llegó a votar; el segundo contempla los objetivos de déficit entre 2012 y 2014; el tercero incluye los planes de reequilibrio de cuatro autonomías, y el cuarto permite anticipar a las comunidades una parte de la recaudación del nuevo impuesto del juego online.

- ¿Cómo fue el debate sobre la regla de gasto? El Gobierno renunció a presentar a votación la regla de gasto que había remitido a las comunidades para que la estudiaran. Ante las objeciones que fueron planteando, el Ministerio de Economía decidió cambiar el sentido de la consulta para evitar un rechazo a su esquema, que acompasa el gasto público al crecimiento económico de los últimos cuatro años más el actual y los tres siguientes. En lugar de pronunciarse sobre el modelo concreto, las comunidades adoptaron un mero compromiso de presentar en sus respectivos Parlamentos una regla de gasto en seis meses y de reunirse en septiembre para intentar homogeneizarla.

- ¿Supone esto un avance? El acuerdo rebaja las expectativas del Ejecutivo, que confiaba en ver respaldada su propuesta. Lo acordado retrasa las soluciones, al dar seis meses a las comunidades para presentar reglas de contención del gasto. Además, nada garantiza que esas normas se atengan a un patrón homogéneo ni validado por el Ministerio de Economía, que no tiene capacidad para imponerlo.

- ¿Cuál fue, entonces, el principal avance? Aunque no estaba en el orden del día, la solución de Economía a la petición que hicieron todas las comunidades para que el Estado les aplace el dinero que le deben protagonizó la sesión. La vicepresidenta y ministra de Economía, Elena Salgado, ofreció una alternativa que, al menos para el año próximo, tiene unos efectos similares al aplazamiento que pedían las comunidades del PP (11 de las 17) en los pagos de esa deuda. El Instituto de Crédito Oficial (ICO) concederá a las autonomías un préstamo por la mitad de la cantidad que tendrán que retornar en 2012. Así, el ICO financiará unos 2.500 millones de los casi 5.000 que las comunidades tendrán que devolver el año próximo por las cantidades percibidas de más en 2008 y 2009.

- ¿Quién se endeuda en ese caso? El ICO es un órgano dependiente del Ministerio de Economía, pero su endeudamiento no cuenta para la deuda pública con criterios europeos porque opera al margen del Tesoro. Así, este organismo se financia en los mercados y presta dinero a unos tipos que, en el caso de las empresas, puede oscilar entre el 5% y el 7%. Al prestarles a las comunidades, la deuda que adquieren con el ICO pasa a figurar como autonómica.

- ¿Qué ventajas tiene el ICO? El coste de financiación de estos préstamos es elevado para las Administraciones públicas. La línea habilitada hace apenas un mes para los Ayuntamientos fijaba un tipo de interés del 6,5%, probablemente no muy lejano del que se establezca para las comunidades, que tendrán que devolverlo en tres años. Estas Administraciones podrían encontrar créditos más baratos en el mercado, pero probablemente muchas de ellas no estén en condiciones de recibirlos porque sus cuentas no permiten avalarlos. La ventaja, pues, de solicitarlo al ICO es que por lo menos la concesión está garantizada.

- ¿Es una buena solución? La medida alivia la falta de liquidez de las comunidades en 2012 y, al mismo tiempo, es neutra para el Estado, que sigue recibiendo la parte que le deben las comunidades. Estas sí sufren una penalización en concepto de intereses que deben pagar al ICO por ese préstamo. La opción del aplazamiento que pedía el Partido Popular habría sido, en cambio, gratuita para las autonomías pero habría costado dinero al Estado, que seguramente habría tenido que endeudarse más para disponer de ese dinero con el que ya contaba a partir de 2012.

- ¿Qué objetivos de estabilidad financiera se pactaron? El Consejo aprobó, con la abstención del PP, la senda de déficit para el periodo 2012-2014. Las comunidades se comprometen a tener unos desequilibrios del 1,3% del PIB en 2012, del 1,1% en 2013 y del 1% en 2014, aunque ya en otras ocasiones han respaldado metas que luego no han podido cumplir.

- ¿Qué comunidades siguen sin poder endeudarse? La reunión del miércoles dio el visto bueno a los planes de reequilibrio de Andalucía, Extremadura, Baleares y Comunidad Valenciana, aunque este último proyecto no figuraba entre los candidatos. Con esa decisión, Cataluña y Castilla-La Mancha quedan como las únicas comunidades sin un plan en marcha y, por tanto, las únicas que no pueden endeudarse a largo plazo.