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Reportaje:La Sociedad General de Autores, en la picota

La entidad cultural más poderosa e influyente

Su labor de 'lobby' y sus inversiones han creado polémica

La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) es mucho más que un trending topic permanente en las redes sociales. Se trata del conglomerado privado más importante del mundo cultural en España, tanto por el número de socios y los fondos que maneja, como por su poder de influencia.

Como principal entidad de gestión del país, a gran distancia de las seis restantes, cuenta con 100.000 socios, de los que la mayoría (el 82,6%) son del mundo de la música, seguido del audiovisual (9,1%) y las artes escénicas (8,3%). Su misión principal es recaudar los derechos de las obras de su repertorio y repartirlos entre sus socios. En 2010 se embolsó 341,2 millones de euros, un 7,7% más que en el año anterior, rompiendo la racha negativa de los dos ejercicios anteriores en los que los ingresos cayeron como resultado de la crisis económica, y repartió entre sus socios 365 millones de euros.

En 2010 repartió 365 millones de euros entre sus 100.000 socios

La red de teatros Arteria es uno de sus proyectos más controvertidos

Su principal fuente de ingresos son los derechos procedentes de las televisiones y las radios, que abonaron 152 millones de euros en 2010. Solo las cadenas privadas de televisión pagaron 87 millones de euros.

En su labor de que no se pierda por el camino ni un euro cada vez que alguien emite o reproduce una obra de sus socios, la SGAE cuenta con una extensa red de delegados e inspectores que suman 450 empleados, repartidos en 14 delegaciones en España. También tiene oficinas en Brasil, Estados Unidos, México, Cuba, Argentina, Japón y China. Para tener en cuenta los largos tentáculos de la sociedad de gestión, baste señalar que solo el año pasado recaudó derechos de más de 800.000 obras.

La SGAE llega a acuerdos generales con radios y televisiones y asociaciones de hosteleros para facilitar la recaudación por ese enorme repertorio, pero es implacable cuando algún pequeño negocio, sea una sala de fiestas, una peluquería o un teatro aficionado, intenta saltarse la minuta de los derechos de autor. Sus denuncias por la música que ameniza bodas o banquetes, las trifulcas que ha mantenido con ayuntamientos por adaptaciones de obras clásicas como Fuenteovejuna, o el cobro de los derechos en conciertos benéficos han colaborado a la mala imagen de la sociedad presidida por Teddy Bautista.

El crecimiento en fondos de la SGAE ha ido paralelo a la expansión, tanto en vertical como horizontal, de su organigrama societario. La SGAE es solo la matriz de una enorme telaraña de sociedades y fundaciones que se entrecruzan entre sí. Las cabezas visibles de este aparato son la Fundación Autor, Arteria y la Sociedad Digital de Autores y Editores (SDAE). La Fundación aglutina las tareas asistenciales, formativas y promocionales, con un patrimonio de 100 millones de euros. Entre sus participaciones figura el Instituto Complutense de Ciencias Musicales, el Instituto de Derechos de Autor, la Academia de las Artes y las Ciencias de la Música o el Centro de Investigación del Mercado Cultural.

Arteria, la extensa red de teatros amparada por la SGAE, es uno de los proyectos más controvertidos. Apuesta personal de Bautista, se ha basado en la compra de locales emblemáticos como los teatros Lope de Vega o Coliseum, de Madrid, despertando tanto las críticas de los empresarios privados como de socios de la propia SGAE, que lo consideran un proyecto especulativo inmobiliario que se aleja de los fines de la sociedad. No en vano sus inversiones superan con creces los 300 millones de euros, y ha ampliado su red al extranjero (Cervantes de México DF y Argentina de Buenos Aires), no exento de conflictos como el del Palacio de los Infantes de Boadilla del Monte. La SDAE, encargada de Internet y nuevas tecnologías, es sobre el papel la rama más pequeña y deficitaria, pero podría ser el eje de la trama que investiga la Audiencia Nacional.

Además de su poder económico, la influencia de la SGAE se ha dejado notar en todos los ámbitos de la política cultural. Bajo su decisiva presión de lobby, consiguió que el Gobierno sacara adelante el nuevo canon digital en 2008, que grava todo soporte o aparato capaz de almacenar archivos bajo derechos de autor, sea un móvil, un lápiz de memoria o un DVD. Sendas sentencias de la Audiencia Nacional y del Tribunal de Justicia de la UE han declarado nula gran parte de la regulación de ese gravamen.

Abanderado de la lucha contra la "piratería digital" en los juzgados, ha participado muy activamente dentro de la Coalición de Creadores en las negociaciones que desembocaron en la llamada ley Sinde, liderada por el Ministerio de Cultura, contra las descargas no autorizadas de archivos protegidos por derechos de autor.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 2 de julio de 2011