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Los obispos llaman a desobedecer la ley de muerte digna "si sale como está"

El Gobierno "abre las puertas a prácticas eutanásicas", dice la Conferencia Episcopal

"Si sale como está, no será una ley justa", sentenció ayer el portavoz episcopal y obispo auxiliar de Madrid, Juan Antonio Martínez Camino. Se refería al Proyecto de Ley Reguladora de los Derechos de la Persona ante el Proceso Final de la Vida (la llamada ley de muerte digna), anunciada por el Gobierno socialista. "No es una ley de eutanasia, pero sí una ley que abre las puertas a prácticas eutanásicas", afirman los prelados en una "declaración" sobre el proyecto legislativo, de 12 folios.

El PSOE había prometido la legalización de la eutanasia en esta legislatura, pero renunció para contentar a la Iglesia católica. "No será una ley de eutanasia", se comprometió el vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba cuando anunció el proyecto, en otoño pasado. Los obispos opinan lo contrario y anuncian que combatirán al Gobierno mediante "todos los medios democráticos disponibles", si sigue adelante con la actual redacción de la ley.

"Cuando afirmamos que es intolerable la legalización abierta o encubierta de la eutanasia, no estamos poniendo en cuestión la organización democrática de la vida pública, ni estamos tratando de imponer una concepción moral privada al conjunto de la vida social. Sostenemos que las leyes no son justas por el mero hecho de haber sido aprobadas por las correspondientes mayorías, sino por su adecuación a la dignidad de la persona humana", afirman.

Pese a todo, los prelados asumen que no siempre se puede identificar el orden legal con el orden moral, conscientes de que "en ocasiones, las leyes, en aras del bien común, tendrán que tolerar y regular situaciones y conductas desordenadas". Pero añaden: "Esto nunca podrá ser así cuando lo que está en juego es un derecho fundamental, como es el derecho a la vida. Las leyes que toleran e incluso regulan las violaciones del derecho a la vida son gravemente injustas y no deben ser obedecidas. Es más, esas leyes ponen en cuestión la legitimidad de los poderes públicos que las elaboran y aprueban. Es necesario procurar, con todos los medios democráticos disponibles, que sean abolidas, modificadas o bien, en su caso, no aprobadas".

Hace apenas un mes, el cardenal de Madrid, Antonio María Rouco, que es también presidente de la Conferencia Episcopal, había dicho que no creía que Zapatero fuese a legalizar la eutanasia. Textualmente afirmó: "El juicio primero es que no es una ley de eutanasia. No he leído el texto. Lo han leído algunos colaboradores, y el juicio primero es que no es una ley de eutanasia. No tengo opinión sobre los detalles".

Ahora, después de leerlo "despacio", los obispos execran muy severamente del proyecto del Ejecutivo. Parten de la tesis de que "la vida no nos pertenece porque el propietario es quien nos la ha dado: el Creador". También subrayan "la esperanza de la resurrección y la vida eterna", como el camino para encontrar "el sentido oculto del dolor y la muerte".

Con estas teorías, todo lo que suene a eutanasia (del griego eu thánatos: buena muerte) les parece a los obispos condenable. Esta es su definición: "Una acción o una omisión que por su naturaleza y en la intención causa la muerte, con el fin de eliminar cualquier dolor".

Entre otros reparos, los obispos subrayan que el proyecto tiene "una concepción de la autonomía de la persona prácticamente absoluta". También echan en falta una definición correcta del derecho a la objeción de conciencia de los profesionales "implicados en situaciones que conllevan ataques legales a la vida humana". E incluso creen que la ley maltrata "el derecho humano de libertad religiosa" porque ni siquiera cita los acuerdos entre España y el Estado vaticano sobre la asistencia religiosa a los enfermos.

Afirman, textualmente: "El derecho de libertad religiosa, fundamental y primario, no puede ser reducido por una ley a la mera tolerancia de la práctica religiosa, como aquí se hace. Que los pacientes tengan derecho al ejercicio de sus convicciones religiosas supone que el Estado ha de garantizar y favorecer el ejercicio de ese derecho, sin perjuicio de su justa laicidad".

Derechos y deberes

- El paciente. Tiene derecho a estar informado sobre su situación, expectativas de vida y alternativas de que dispone. Y a que se respete su decisión sobre la atención sanitaria que se les dispense.

- El médico. No se observa la objeción de conciencia porque lo que se pide a los facultativos está considerado como buenas prácticas. Deben conocer las últimas voluntades del paciente.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 28 de junio de 2011

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