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Los obispos atacan ahora la ley de muerte digna

El dictamen contradice la primera opinión de Rouco

Desde ayer, los obispos españoles tienen una posición común sobre el proyecto de ley Reguladora de los Derechos de la Persona ante el Proceso Final de la Vida (la llamada ley de muerte digna), anunciada por el Gobierno para el próximo período de sesiones parlamentarias. El proyecto "podría suponer una legalización encubierta de prácticas eutanásicas", dictamina la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), reunida en Madrid desde el lunes pasado.

El cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco, que es también presidente de la CEE, había dicho apenas hace un mes que no creía que Zapatero fuese a legalizar la eutanasia. Textualmente afirmó: "El juicio primero es que no es una ley de eutanasia. No he leído el texto. Lo han leído algunos colaboradores, y el juicio primero es que no es una ley de eutanasia. No tengo opinión sobre los detalles". Lo dijo en un desayuno convocado por el Foro de la Nueva Sociedad.

Pero otros prelados venían acusando al Gobierno de intentar "colar la eutanasia" en ese proyecto, comparándola con "la matanza de ancianos". La respuesta final se conoció ayer, mediante un adelanto de un largo dictamen que los prelados darán a conocer el lunes.

Según ese adelanto, incorporado a última hora de la tarde en la página web de la CEE, "los obispos han estudiado y han aprobado una titulada Declaración con motivo del proyecto de ley Reguladora de los Derechos de la Persona ante el proceso final de la vida". Empiezan recordando "las numerosas ocasiones en las que la Conferencia Episcopal ha hecho oír su voz para anunciar el evangelio de la vida, según el cual la vida de cada persona es sagrada, también cuando es débil, sufriente o se encuentra al final de su tiempo en la tierra y que las leyes han de proteger siempre su dignidad y garantizar su cuidado". También reconocen "la intención laudable del proyecto" en la idea de "proteger la dignidad de la persona en el final de la vida sin despenalizar la eutanasia". Pero inmediatamente aparece en el texto el "sin embargo".

La Conferencia Episcopal percibe en las intenciones del Ejecutivo "una concepción de la autonomía de la persona como prácticamente absoluta". Añaden: "El peso que se le da a tal autonomía en el desarrollo de la ley acaba por desvirtuar la intención declarada y por sobrepasar el límite propuesto de no dar cabida a la eutanasia".El texto señala que el proyecto de ley emplea una definición reductiva del concepto de eutanasia, con la que se deja la puerta abierta a ciertas omisiones voluntarias que pueden causar la muerte. Se señalan algunas conductas eutanásicas a las que se daría cobertura legal, como la posible sedación inadecuada o el abandono terapéutico.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 23 de junio de 2011