El Gobierno encarga una ley urgente contra el veto de Bildu a los escoltas

El veto al acceso de escoltas de concejales a los Ayuntamientos vascos regentados por Bildu, como el acontecido el lunes en la localidad guipuzcoana de Andoain, tendrá una contundente y rápida respuesta legal que se adoptará "con toda celeridad", según anunció ayer el vicepresidente y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. El titular de Interior apuntó a una reforma de la Ley de Bases de Régimen Local por la vía de urgencia, en la que ayer trabajaba a toda máquina la Abogacía del Estado, por si Bildu persiste en no dejar pasar a los escoltas.

Rubalcaba subrayó que se ha producido solo el caso de Andoain y que el consejero vasco de Interior, Rodolfo Ares, iba a hablar con la alcaldesa, Ana Carrere, de la orden impartida por esta a la Policía Municipal para impedir el acceso de los escoltas. Una orden que impidió que los guardaespaldas de los concejales del PP Asunción Guerra y del PSE José Luis Vela pudieran acceder al edificio. La alcaldesa se escudó en un informe solicitado al secretario del Ayuntamiento que atribuye al mandatario municipal valorar las circunstancias relativas a la seguridad de los ediles en el interior de los edificios públicos. Eso sí, la responsabilidad de lo que suceda recae sobre la alcaldesa Carrere.

El Gobierno vasco recuerda que la alcaldesa responde de la seguridad

La Abogacía del Estado trabajaba anoche bajo presión para tener preparada hoy una propuesta de reforma legal que impida a los alcaldes de Bildu expulsar a los escoltas de los edificios consistoriales. Además del abogado general, Joaquín de Fuentes Bardají, otros dos letrados de su equipo daban vueltas al informe jurídico del Ayuntamiento de Andoain para encauzar la reforma anunciada por Rubalcaba.

Según fuentes de Justicia, el principal problema deriva de la confluencia de tres grupos de normas: la Ley de Bases de Régimen Local, por la que se rigen los Ayuntamientos; la de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que regula a los escoltas que tienen esa condición, y la Ley de Seguridad Privada, por la que se rigen los escoltas que pertenecen a compañías privadas.

Las citadas fuentes reconocen que nunca se pensó en la hipótesis de que se fuese a impedir el paso a los escoltas, de ahí que la legislación dejase a los mandatarios de los Ayuntamientos la responsabilidad de la seguridad en los recintos de su Administración y los alcaldes quedasen de garantes y responsables de la seguridad en el interior de los inmuebles.

Por eso, los juristas consultados veían ayer "difícil" poder construir un debate para decirle a un Ayuntamiento que en un inmueble su Administración deje entrar a los escoltas. "Podemos decirlo, pero no obligarles", indicaron las fuentes consultadas.

De ahí que la Abogacía del Estado se incline por abordar una reforma legal de la Ley de Bases de Régimen Local, tal como anunció ayer Rubalcaba. Aunque no se descartaban otras opciones, dado que dicha reforma no serviría si finalmente la Diputación Foral de Guipúzcoa cae en manos de Bildu y deciden hacer lo mismo. En todo caso, la Abogacía del Estado contaba con tener hoy mismo una propuesta disponible para resolver el problema.

Por su parte, la portavoz del Gobierno vasco, Idoia Mendia, informó de que el consejero de Interior, Rodolfo Ares, remitió una carta a la alcaldesa de Andoain para "recordarle sus obligaciones como responsable de la Policía Local y, por tanto, responsable de garantizar la seguridad y la libertad en las instalaciones municipales". Mendia también le recordó a Carrere su deber de "colaborar con la Ertzaintza en garantizar la seguridad de todas las personas". La carta de Ares a Carrere no había tenido respuesta ayer.