Patronal y sindicatos rechazan que se limite el acceso a la sanidad

Patronales y sindicatos dieron ayer un varapalo al Gobierno de Convergència i Unió (CiU) al censurar su pretensión de impedir el acceso a la sanidad pública a los extranjeros no comunitarios que lleven menos de seis meses empadronados en Cataluña. El Consejo del Trabajo Económico y Social (CTESC), el órgano consultivo que reúne a los agentes sociales, emitió ayer un dictamen sobre la ley ómnibus en el que advierte de que esa medida podría "colisionar" con la Ley de Extranjería y la de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. Francesc Homs, portavoz del Gobierno, se limitó a reiterar que las restricciones a la sanidad impuestas a los extranjeros son para evitar el llamado "turismo sanitario" y que no vulneran la ley.

El dictamen del CTESC, aprobado por unanimidad, examina la totalidad del proyecto a pesar de que el Ejecutivo pretendió que solo evaluara la parte referida a economía y trabajo. Además de lamentar esa actitud, el CTESC también consideró "negativa" la "falta de transparencia" al no comentar ni debatir ninguna de las medidas del anteproyecto en órganos institucionales y se mostró "preocupado" por la supresión de algunos organismos en los que participan los agentes sociales.

El dictamen -que cuenta con votos particulares de Fomento del Trabajo, Pimec, la Confederación de Cooperativas y los sindicatos CC OO y UGT- critica que el Gobierno pretenda eliminar la obligación de que los edificios nuevos sean accesibles para personas discapacitadas; pide el mantenimiento de la red de oficinas para la emancipación, dado el alto paro juvenil, y desaprueba la desaparición de la autorización y desregulación de los apartamentos turísticos. "Eso va en detrimento de los vecinos y del usuario, y dificulta el conocimiento de esta actividad económica", sostiene.

Pese al claro revés que supone para el Ejecutivo el dictamen del CTESC -aunque no es vinculante-, el Gobierno exhibió ayer la ley ómnibus como un ejemplo de su voluntad de diálogo. "No hacía falta que la pusiéramos en exposición pública", se felicitó Homs, que valoró el "debate" que ha suscitado la ley. Los 631 artículos se someterán a 2.244 alegaciones. El Ejecutivo de Mas cree que no será un fracaso aprobar la ley sin todo su articulado.

Homs dio prioridad al Partit dels Socialistes en la negociación de la ley ómnibus, tras optar por el Partido Popular en la negociación para pactar las cuentas. CiU y el PP tienen prácticamente cerrada la abstención final del partido de Alicia Sánchez-Camacho, a falta de cerrar flecos como la eliminación de empresas públicas y la reducción de las embajadas catalanas. "Las conversaciones se encuetran en un estado muy avanzado", reconoció Homs. "A poco que hagamos un sprint esta semana, podremos cerrarlas", se sumó el portavoz del PP, Enric Millo. Ambos partidos han pactado 21 enmiendas para reorientar 357 millones del presupuesto, entre ellos un fondo de 25 millones para que el Instituto Catalán de Finanzas los destine a proyectos de emprendedores.