El mercado recela de las autonomías

Hay imágenes con los ingredientes necesarios para pasar a la historia. El miércoles pasado el presidente de una comunidad autónoma aterrizó -sin metáfora alguna- en el Parlamento regional para debatir el mayor recorte social de la democracia. Artur Mas llegó en helicóptero para sortear una tensa protesta del movimiento de indignados, durante la cual un grupo de violentos acosó y agredió a varios diputados. En este ambiente es en el que entraron a trámite unos presupuestos autonómicos con un recorte del gasto público de 10% y un fuerte impacto en sanidad y servicios sociales que incluye desde el cierre de quirófanos hasta la retirada de asistencia sanitaria a quienes no lleven seis meses empadronados en Cataluña o la eliminación de ayudas a barrios con dificultades.

La desconfianza del mercado sobre la solvencia de España es algo exagerada

Bruselas y el Banco de España quieren un techo de gasto autonómico

Cataluña es la autonomía con más deuda en cifras absolutas

Y, pese a ese duro recorte, que se añade a privatizaciones de 1.850 millones, Cataluña se declara incapaz de reducir su déficit del 3,86% del año pasado hasta el 1,3% que le exige el Gobierno central para cumplir con los compromisos de control presupuestario del conjunto de España. Hasta marzo, 9 de las 17 comunidades autónomas han registrado desequilibrios mayores a los esperados, con un saldo global negativo del 0,46% del PIB, lo que supone el doble que en el mismo periodo del año pasado y significa que, en solo tres meses, se ha agotado el margen de déficit de todo el año.

Murcia suprimirá 3.500 plazas de profesores interinos, en la Comunidad Valenciana se da por hecha la reducción de empresas públicas y el recorte del presupuesto para la televisión autonómica, Madrid continuará con ajustes... Los recortes, una vez superadas las elecciones autonómicas y municipales del 22 de mayo, se preparan.

Mandan los mercados y no los he votado, rezaban algunas pantartas de las acampadas del llamado movimiento 15-M. Nadie les ha votado, no, pero las administraciones públicas españolas han tomado prestado de ellos cerca de 680.000 millones de euros. Más de la mitad de esta deuda está en manos extranjeras. Y las necesidades de financiación del sector público para este año rozan los 200.000 millones.

Los acreedores fruncen el ceño cuando miran las cuentas públicas, sobre todo de las comunidades autónomas, y exigen medidas que les aseguren que es buena idea seguir invirtiendo en deuda española. Pero buena parte de estos recelos no se sostienen al bajar la lupa a los números: la deuda autonómica, no obstante, queda por debajo del 20% del total y el Estado tiene margen para compensar un desvío presupuestario de algunas comunidades, como hizo el año pasado.

Es lo que plantea César Miralles, director del sector público de Intermoney. "Como el Estado no puede permitirse incumplir el déficit, lo compensará. Siempre hay margen para nuevas medidas", apunta, en la línea de otros expertos. Antonio García Pascual, economista jefe para el sur de Europa de Barclays Capital, descarta un incumplimiento del objetivo de déficit este año "porque el Gobierno central tiene margen suficiente para subir impuestos", informa Alicia González.

La situación económica de algunas regiones tiene un reflejo psicológico en el ya de por sí histérico mercado, lo que lastra la credibilidad de España, cuya prima de riesgo se resiente. Castilla-La Mancha, con el mayor déficit de 2010 (6,47%) pero un peso de solo el 3,4% en la economía española, mereció una referencia hace unas semanas en Financial Times como "la Grecia de las comunidades españolas", citando las declaraciones de un político del PP.

España se mueve entre la espada de embridar su pasivo y la pared de reducir su déficit hasta el 6% este año, el 4,3% en 2012 y el 3% en 2013. El viernes se conoció el último parte de guerra de la deuda: se ha encaramado al 63,6% con relación al producto interior bruto (PIB), tres puntos y medio más en solo tres meses y el nivel más alto desde 1997. Ayuntamientos y diputaciones deben 37.352 millones, el 3,5% del PIB.

Decía Balzac que la situación brillante de un Estado está en perfecta relación con el montante de su deuda, por aquello de que recibir préstamos es síntoma inequívoco de credibilidad. El ratio de deuda española es aún unos 20 puntos inferior a la media europea, pero la velocidad de crucero arquea las cejas de muchos analistas: en 2007 se situaba en el 36%. El pasivo de las comunidades autónomas también alcanzó su particular récord, hasta el 11,4%. Solo Asturias, País Vasco, Canarias y Galicia lo contuvieron en el primer trimestre.

El PP ha anunciado auditorías en aquellas comunidades en las que alcanzaron el Gobierno el 22-M (Cantabria, Asturias, Castilla-La Mancha, Baleares y Aragón), lo que despierta la inquietud de si bajo las alfombras aflora más deuda o desequilibrio.

Pero este riesgo, aunque ruidoso, también es limitado. Incluso con revisiones al alza, solo hay tres comunidades con el tamaño suficiente para marcar la diferencia a nivel nacional, que son Madrid, Cataluña y Andalucía, que suman la mitad del PIB y el 44% del déficit, tal y como apuntó el último informe de Goldman Sachs, que quitó hierro a la incertidumbre.

Madrid cumplió con el déficit el año pasado y Andalucía lo sobrepasó en unas décimas. "Es cierto que se ha producido un deterioro de las cuentas públicas, pero eso está perfectamente reflejado en las estadísticas del Banco de España. No hay ninguna prueba de que haya déficit o deuda oculta en las regiones", apunta García Pascual.

Es Cataluña la que inquieta por el 18% que pesa en la economía española. Sigue siendo la comunidad con más deuda en términos absolutos (34.323 millones, casi el 30% del total), mientras que la Comunidad Valenciana sufre el mayor pasivo con relación al tamaño de su economía, del 17% (ver gráfico).

La Generalitat catalana sostiene que no tiene margen para más tijera en el gasto público. "La reducción del 10% es una medida sin precedentes; representa un gran sacrificio para los ciudadanos de Cataluña. Una cifra superior no sería creíble", recalca el consejero de Economía, Andreu Mas-Colell. Prevé reducir el déficit del 3,86% al 2,66% en 2011, frente al 1,3% solicitado, y en 2012 en el 1,3%. Al incumplir el objetivo, no puede endeudarse al largo plazo (más allá de un año).

Otros expertos son mucho más críticos con las perspectivas para este año. La agencia de calificación de riesgo Moody's ha alertado de que el incumplimiento de la meta de déficit de la Generalitat perjudica la solvencia de España y "complica alcanzar el objetivo del 6% del PIB", además de que muestra que "el Gobierno central no tiene herramientas eficaces para reforzar el cumplimiento fiscal en el ámbito regional".

Desde el otro lado del Atlántico, el profesor de la Universidad de Atlanta Jorge Martínez-Vázquez ve el horizonte muy sombrío. "En la situación presente el país corre un alto riesgo financiero y económico. Tanto el Gobierno central como las comunidades (y los Gobiernos locales) deben cooperar de forma multilateral y estricta en mantener los déficits y niveles de deuda acordados", dice este experto, que ha asesorado a una treintena de Gobiernos y organismos multilaterales en procesos de descentralización.

El argumento de que el peso de la deuda autonómica en el global es relativo no le convence. "El peso de la deuda autonómica en el total de la deuda pública no es tan grande en términos relativos, pero el Gobierno y las autonomías tienen distintas funciones y objetivos económicos a conseguir y el reparto actual es lo suficientemente generoso con el conjunto de las comunidades", apunta. "De hecho, el peso relativo de estas está entre los más altos de Europa", advierte, si bien "una cosa distinta" es el "reparto" entre comunidades.

Sin embargo, Guillem López-Casasnovas, catedrático de la Universidad Pompeu Fabra, advierte que "para ser tan duro con las comunidades, el Estado debería tener claro que les asigna efectivamente los recursos que se corresponden, si no con su capacidad fiscal, sí con las necesidades sociales que han de satisfacer, especialmente en un momento de crisis como el actual". Y, a su juicio, "este no es el caso hoy, a la vista de un sistema de financiación autonómica, verdadero sudoku creado por el propio Gobierno queriendo contentar a todos". Además, el catedrático quita hierro a un desvío leve en las metas de déficit marcadas. "Donde nos la jugamos es en las reformas estructurales, porque a los analistas no creo que les importe tanto medio punto de déficit arriba o abajo, que puede tener elementos coyunturales obvios, como el que afrontemos de una vez por todas las reformas pendientes de la economía española que impulsen su reactivación", recalca.

Los Gobiernos autonómicos reaccionaron más tarde que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero a la crisis, ya que entre 2008 y 2009 recibieron más ingresos de la cuenta, porque el cálculo de las transferencias se hizo sobre unas previsiones económicas que se demostraron muy optimistas. El número de entes autonómicos ha pasado de 2.280 en 2008 a 2.386 en julio de 2010, mientras que los estatales se han reducido, y la deuda de este tipo de organismos y empresas, que no computa como déficit, ha crecido un 66% en tres años.

La crisis también ha puesto en cuestión algunas duplicidades en la arquitectura administrativa de las autonomías. Jordi Sevilla, ministro de Administraciones Públicas con el primer Gobierno de Zapatero y ahora asesor de la consultora PricewaterhouseCoopers, cree que "las comunidades han reproducido a escala estructuras de Gobierno central".

El Ejecutivo tiene otra baza pendiente de jugar para ayudar a las comunidades a cumplir con las cuentas: la entrega de los fondos de cooperación o competitividad, que las comunidades reclaman y ascienden a 5.400 millones. Madrid, Castilla-La Mancha y Andalucía han llevado la trifulca a los tribunales. "Con las transferencias del sistema de financiación que debería hacer el Gobierno central cumpliríamos antes", tercia Mas-Colell. El Ministerio de Economía mantiene "confianza" en el cumplimiento de las comunidades y, al menos de momento, fuentes del departamento aseguran que no se plantea el anticipo de estos fondos.

Bruselas ha puesto nuevos deberes a España. Entre ellos, le invita a fijar un techo de gasto para las comunidades como medida para embridar las cuentas, algo que también plantea el Banco de España, que pide sanciones para los incumplidores. Las desviaciones de gasto en relación con las previsiones presupuestarias son sistémicas y superaron el 3% anual entre 1984 y 2007, argumenta el órgano gobernado por Miguel Ángel Fernández Ordóñez.

El Gobierno aplicará un límite para la Administración central y las corporaciones locales, pero a los expertos consultados no les parece la panacea. Sevilla, por ejemplo, recuerda que los límites de gasto ya están fijados en los Presupuestos Generales del Estado y que no hay norma que impida a los parlamentos autónomos aprobar su propia regla. "El debate del techo de gasto es un mito", recalca. "Si de lo que se trata es de endurecerlo, entonces no hace falta ninguna nueva norma".

López-Casasnovas cree que "el techo de gasto es lógico en escenarios de responsabilidad fiscal plena, que no son los actuales".