Confusión autonómica

Las finanzas públicas de las economías de la eurozona, en especial las clasificadas como periféricas, están siendo objeto de un severo escrutinio por los mercados de bonos desde hace más de un año. En realidad, la desconfianza sobre la solvencia de algunas de ellas, sobre Grecia de forma muy destacada, ha sumido a Europa en la mayor crisis financiera de las últimas décadas y se ha convertido en la principal amenaza a la viabilidad de la moneda única. España, en menor medida, está sufriendo ese contagio y soporta una excesiva prima de riesgo, que pesa no solo sobre los intereses que han de pagar las administraciones públicas, sino igualmente las empresas españolas en sus decisiones de endeudamiento. Con independencia del inevitable contagio, la economía española ofrece algún factor específico de riesgo. El asociado a las finanzas de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, por un lado, y la salud del sistema bancario, por otro, son los más destacados. En ambos, la mala información y la deficiente gestión de las instituciones están desempeñando un papel importante.

La mayoría de las comunidades autónomas tienen unas finanzas públicas con un amplio margen de mejora. Algunos ayuntamientos grandes también mantienen elevados niveles de endeudamiento. La magnitud del conjunto no es, sin embargo, de suficiente envergadura como para conducir la deuda pública total española a niveles equivalentes a los de las economías hoy más atacadas por los mercados de bonos. Lo que los inversores cotizan con temor, en mayor medida que el volumen real de las deudas de esas administraciones regionales y locales, es la posibilidad de sorpresas desagradables, por la falta de comprensión del funcionamiento financiero del Estado de las autonomías y por la incapacidad de los partidos políticos para convenir una solución razonable al exceso de gasto y deuda.

Lo más inquietante es la utilización como arma arrojadiza, por parte de los partidos políticos, de presunciones de diverso calado acerca del estado de esas finanzas. A los inversores, en particular a los más prudentes en los mercados de bonos, no les gusta lo más mínimo la ausencia de certeza. Que se alimenten sospechas acerca de la situación de Gobiernos regionales y municipios les invita a la huida. Las reticencias y acusaciones infundadas penalizan además la viabilidad de las empresas.

Si los partidos políticos quieren contribuir a no deteriorar aún más las condiciones de vida de los ciudadanos para los que trabajan, deberían esclarecer de forma técnicamente rigurosa y sin declaraciones infundadas el estado de las finanzas de esas administraciones públicas, al igual que está el del Estado. A renglón seguido, deberían comprometerse conjuntamente a respetar un plan de saneamiento financiero a medio plazo, incluidos mecanismos igualmente transparentes de autorización de endeudamiento. El adecuado funcionamiento de las instituciones, en especial del Consejo de Política Fiscal y Financiera, debería formar parte de ese mínimo consenso político. Transmitir un mensaje tal a la comunidad inversora es mucho más urgente que cualquier otra decisión política, desde luego mucho más que alimentar las desautorizaciones continuas. La confianza cotiza, y si se trata de la deuda pública sobran los ejemplos a nuestro alrededor.