La 'contrarreforma' de Mas también desregula los pisos turísticos

La actual regulación de los pisos de uso turístico en Cataluña está a punto de acabar en el cubo de la basura. Todo depende de si el Parlament aprueba la ley ómnibus de simplificación administrativa que el Gobierno de la Generalitat presentó el viernes y que estará en exposición pública por una semana. Este anteproyecto, junto con la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, son dos herramientas con las que el Ejecutivo de Artur Mas quiere barrer siete años de mandato del tripartito. Con ellas, la Generalitat elimina por la puerta de atrás, entre otras, la Ley de Barrios, la obligación de declaración de impacto ambiental y limita el acceso a la sanidad pública a quienes no lleven seis meses empadronados en Cataluña.

También le ha tocado el turno a los pisos de uso turísticos y a los apartoteles. La proliferación de este tipo de viviendas, así como los patera, en zonas como el distrito de Ciutat Vella y los problemas de convivencia que generan motivó que dentro de la Ley de Derecho a la Vivienda, aprobada por el tripartito, se reconociera la existencia de estos alojamientos.

Mediante dos decretos se facultó a los Ayuntamientos para expedir la licencia para esta actividad y se les obligaba a realizar las inspecciones correspondientes para evitar la ilegalidad y garantizar los derechos de los vecinos, propietarios y usuarios. Sin embargo, el borrador de la ley ómnibus abre la puerta a suavizar los requisitos para operar este tipo de pisos-negocio. Para empezar, elimina de la ley de vivienda el reconocimiento de los pisos turísticos (lo reemplaza por la categoría "vivienda con actividad económica") y traslada su definición a la Ley de Turismo de Cataluña. Allí el redactado no incluye la obligación de una autorización expresa del Consistorio para operar como piso turístico, sino de una simple "comunicación previa de inicio de la actividad ante el Ayuntamiento".

Respecto a los apartoteles, el anteproyecto de reforma elimina de la ley que los regula los artículos que detallan las condiciones mínimas que deben reunir los pisos y el principio de unidad de explotación, que actualmente solo puede recaer "en una única persona".

La Federación Catalana de Apartamentos Turísticos, Federatur, no estuvo de acuerdo con la legislación aprobada por el tripartito, argumentando que las exigencias para conceder las licencias serían dispares en los diferentes Ayuntamientos y que no todos los Consistorios tendrían dinero para realizar las inspecciones que detectaran los pisos turísticos ilegales.

Su lobby hizo que la nueva directora general de Turismo de la Generalitat, Marian Muro, se comprometiera poco después de tomar posesión a revocar las normativas aprobadas en la era de José Montilla. La modificación de la ley ómnibus obligará seguramente a cambiar el decreto de vivienda de uso turístico y el de alojamiento de uso turístico.

La indignación por los planes de la Generalitat no se hizo esperar. En un comunicado de prensa, la portavoz y diputada de Iniciativa en el Parlament, Laia Ortiz, aseguró que las dos leyes son un ejemplo de "la prepotencia y el autoritarismo" del Ejecutivo de Artur Mas. Para ella, CiU "hace trampa (...) saltándose el debate democrático que se debería hacer en el Parlament" y retó al presidente de la Generalitat para hacer las modificaciones propuestas una a una.

Desde las filas republicanas, el exconsejero Josep Huguet aseguró en su Twitter que "bajo la excusa de los recortes CiU hace un reset total de la obra estratégica de gobierno pactada con la sociedad civil".

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