Despejar las trabas

La parte científica es en esta ocasión la más fácil de entender. El laboratorio de Mariano Barbacid, del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) en Madrid, ha identificado una diana, una proteína que resulta esencial para las células malignas de uno de los tipos más comunes de cáncer de pulmón, sobre todo en los causados por el humo del tabaco. El trabajo sugiere de inmediato la posibilidad de buscar fármacos contra esa diana. El CNIO dispone de un departamento con 50 químicos especializados precisamente en ese tipo de tarea, y el científico cuenta desde hace meses con dos inversores privados dispuestos a aportar el dinero necesario, unos 50 millones de euros a repartir durante los próximos años. Todo bien hasta ahí.

Pero el proyecto se ha topado con una traba legal que amenaza, de manera incomprensible, con echarlo todo por tierra. El Ministerio de Ciencia e Innovación ha rechazado la fórmula acordada por el CNIO y los inversores privados, una Agrupación de Interés Económico (AIE), aduciendo que la Ley de Fundaciones impide al centro de investigación formar ese tipo de sociedad con entidades mercantiles. En el cruce subsiguiente de informes jurídicos y declaraciones públicas, el departamento de Cristina Garmendia ha llegado a acusar al científico de faltar a la ética por jugar con las esperanzas de los pacientes. Pero ni esto es cierto, ni poner trabas administrativas es la actitud que cabe esperar de los responsables ministeriales en un caso como este.

Las prevenciones de la Ley de Fundaciones tienen por objeto impedir utilizaciones abusivas por parte de agentes poco escrupulosos -lo que a todas luces no es el caso-, y no sembrar de obstáculos la participación del capital privado en la financiación de la investigación, que solo puede calificarse de muy deseable, y particularmente en el contexto de la crisis económica que atraviesa el país. La recién aprobada Ley de Economía Sostenible establece la posibilidad de que las fundaciones públicas como el CNIO participen en el capital social de sociedades mercantiles. Y, si pese a todo ello, el Ministerio de Ciencia considera que persiste alguna traba para que los científicos a su cargo hagan su trabajo, lo que la sociedad espera de él no es que la exhiba en público, sino que la despeje. España no está precisamente sobrada de proyectos de investigación de élite que atraigan al capital privado.