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COLUMNA

Informar, relatar, gobernar

Cualquiera que se haya esforzado un poco por entender cómo funcionan las democracias contemporáneas sabe que no es suficiente con tener buenas evidencias para poder tomar decisiones que gocen de consenso. Tener buena información sobre lo que ocurre es esencial para poder decidir. Pero si bien la información es una condición necesaria, no es suficiente. Estos días tenemos abundantes pruebas de ello. En poco más de 100 días de gobierno de CiU, el cruce de informaciones de los portavoces de los distintos intereses en juego, probablemente todas ellas verídicas, pero seguramente todas ellas parciales, es una constante. Y sobre cada información verídica pero parcial, cada uno de los protagonistas del juego social y político construye argumentos más o menos verosímiles, más o menos bien construidos, para tratar de alcanzar ese punto esencial en todo proceso democrático de decisión que es persuadir.

El problema hoy es qué se entiende colectivamente en Cataluña por coste y beneficio, y cómo se distribuyen socialmente

Tenemos muchos datos, pero no siempre los datos tienen el formato adecuado y necesario para poder informar, relatar y persuadir sobre la decisión que tomar. En Cataluña los problemas se nos acumulan. Hemos de tomar decisiones con rapidez, necesitamos disminuir un porcentaje significativo de la inversión pública y social, pero no disponemos de buena información para poderlo hacer. Y cuando eso ocurre, lo más fácil, pero también lo más injusto, es simplificar la complejidad obligando a reducir el presupuesto un porcentaje similar para todo el mundo. Así nadie se siente agraviado o, al revés, todos se sienten agraviados por un igual. Pero cuando esos recortes tocan o amenazan con tocar puntos críticos de los servicios públicos en momentos en que todo el mundo va con la sensibilidad a flor de piel, la capacidad de argumentar y de relatar es clave. Y es por ahí por donde la cosa ha fallado más.

Todo el mundo habla de la necesidad de tomar decisiones racionales y, en cambio, lo que constatamos es que los distintos protagonistas entienden cosas distintas por racional. Y precisamente la labor de la política es tratar de generar un espacio común en el que confrontar esas distintas perspectivas o racionalidades. El problema no es, como dice Artur Mas, que alguien o algunos estén politizando el debate sobre la situación económica de la Generalitat, sino que el Gobierno de CiU no está haciendo bien la labor de generar un marco político adecuado para confrontar perspectivas y encontrar salidas comunes. Pero, claro, ello quiere decir aceptar que no existe una única racionalidad. Quiere decir asumir que el mundo no está compuesto por una multitud de individuos aislados que toman decisiones e interactúan guiados solo por su escala de preferencias. La gente vive en sitios concretos, con sus dependencias y lealtades, y no siempre hacen lo que les conviene de manera egoísta e individual. La gente, las personas, construyen sus imágenes, sus deseos, de manera que no es enteramente racional ni individual. Seguramente, si fueran como algunos los imaginan, deberían entender que el Gobierno de CiU lo hace todo por su bien; pero -pobres-, equivocadamente, parece que muchos piensan lo contrario. El punto clave en política es la capacidad de convencimiento de los argumentos que se utilizan, y no su estricta cientificidad. Si todo fuera tan sencillo como preguntar a los "mejores" y a los "expertos" qué debe hacerse, haría muchos años que hubiéramos dejado de gastar dinero en elecciones. Las soluciones, las decisiones, se han de construir políticamente. Por mucho que nos disgusten las imprecisiones, la falta de objetivos compartidos o las flagrantes contradicciones de unos u otros, no podemos nunca caer en la ingenuidad de que la política es un problema de calcular simplemente los costes y beneficios de cada decisión. El problema no es ese, sino cómo se construyen alianzas en torno a qué se entiende colectivamente por coste y por beneficio, y cómo se distribuyen socialmente. De momento, esa es la asignatura pendiente del Gobierno de CiU y, por extensión, la de muchos de los Gobiernos hoy en el poder en Europa.

Joan Subirats es investigador del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas de la UAB.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 17 de abril de 2011