Una firma española negoció renovar la defensa aérea libia

Si la operación aérea contra el régimen de Gadafi se hubiera demorado unos meses o la burocracia libia no fuese tan lenta, los cuatro cazas F-18 aportados por España a la coalición habrían tenido que enfrentarse con una defensa aérea mucho más sofisticada, aunque bien conocida, un sistema diseñado por la empresa española Indra.

El contrato para modernizar el obsoleto sistema de defensa aérea de Trípoli incluía nueve radares tridimensionales fijos y móviles; centros de mando y control, equipos de guerra electrónica y sistemas de comunicaciones. Su importe superaba los 200 millones de euros.

Sin embargo, aunque las negociaciones se iniciaron en 2006 y recibieron un nuevo impulso en enero de 2009, con motivo de la visita del Rey a Trípoli -donde Gadafi le recibió en las ruinas de su palacio de Bab el Azizia, bombardeado en 1986 por orden del entonces presidente de EE UU Ronald Reagan-, el contrato nunca llegó a firmarse, según aseguró ayer un portavoz oficial de Indra.

Lo que sí hizo la compañía española, líder en el sector de tecnologías de la información, fue implantar un nuevo sistema automático de control del tráfico aéreo en Libia, con centros de control en las ciudades de Trípoli, Bengasi y Al Jufra.

La adjudicación se produjo en 2006, por un importe total de 48 millones de euros, y el nuevo sistema se implantó en los años siguientes. En 2009, se entregaron tres radares para navegación y control del tráfico aéreo civil por 12,7 millones.

Fue precisamente el éxito de este sistema lo que llevó a Gadafi a pedir su ampliación a las Fuerzas Armadas. La exportación de material militar a Libia se reinició después de que, en octubre de 2004, la UE levantase el embargo impuesto en 1986. Un año antes, la ONU había tomado la misma decisión, una vez que Gadafi se comprometió a indemnizar con 1.800 millones a las víctimas del atentado de Lockerbie y a desmantelar su programa de armas de destrucción masiva.

Aunque no llegara a firmarse el contrato definitivo, expertos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el servicio secreto español, han recabado información de la compañía sobre el alcance del proyecto y sobre las características del sistema de defensa aérea hasta ahora en servicio, de fabricación rusa, que se pretendía sustituir.

Eso sin olvidar que también el programa de gestión del tráfico aéreo civil implantado por Indra en Libia tiene utilidad militar y por eso su venta tuvo que ser aprobada por la junta interministerial que controla las ventas militares y de doble uso.

La relación de la compañía española con Libia no se limita al campo de la navegación aérea. También tiene un acuerdo con la compañía eléctrica Gepcol para modernizar su área comercial con una nueva red de comunicaciones. Además, la firma española, con oficina en Trípoli, fue una de las numerosas compañías de más de 20 países -incluidos EE UU, Francia, Reino Unido y Alemania- que participaron en la feria de seguridad y defensa Libdex 2010, celebrada en noviembre pasado en el aeropuerto militar de Mitiga, junto a Trípoli.

Todos estos proyectos han quedado frustrados por la decisión de suspender todas las exportaciones de material de defensa y doble uso a Libia, adoptada por el Consejo de Seguridad de la ONU y aplicada por la UE.