La Generalitat proyecta blindar a los alcaldes acusados de vertidos

El Gobierno de la Generalitat promoverá un cambio en la legislación para atajar el goteo de lo que la Administración autonómica considera "injustos" procesos judiciales contra alcaldes acusados de vertidos de aguas residuales, tal como avanzó EL PAÍS el pasado mes de octubre. El Ejecutivo catalán entiende que los Consistorios quedan superados en su tarea de evitar los vertidos por no disponer de los recursos necesarios para construir las preceptivas depuradoras. En la actualidad, ocho alcaldes están siendo investigados por la Fiscalía de Medio Ambiente por consentir vertidos en sus municipos.

El secretario de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Generalitat, Josep Enric Llebot, precisa que es una "responsabilidad" de la Administración intentar frenar una dinámica "trampa" que ha generado denuncias o investigaciones contra al menos 15 municipios de Tarragona y Barcelona, la mayor parte de ellos gobernados por CiU, informa Europa Press.

"Los regidores no tienen herramientas para evitar los vertidos", dice Llebot

"Los alcaldes pueden ser responsables, pero no tienen las herramientas para evitar que esto pase", considera Llebot, quien aboga por cambios en la ley que permitan pasar por alto los casos en los que la contaminación se produce tan solo por una falta de fondos para acometer las inversiones en saneamiento previstas.

La mayoría de las actuaciones investigadas y denunciadas por la Fiscalía de Medio Ambiente afectan a localidades en las que el Plan de Saneamiento de Aguas Residuales de 2005 preveía la construcción de depuradoras por parte de la Agencia Catalana del Agua, obras que no se han ejecutado en gran parte por la crisis. Por ello, la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat de 2009 incluía una disposición por la que se autorizaba a proseguir con los vertidos a las poblaciones en las que las depuradoras no se hubiesen construido.

Llebot distingue las denuncias en las que hay un plan aprobado a falta de materializarse -contra las que ya se han manifestado los consejos comarcales del Alt Penedès y del Maresme, además de la Federación de Municipios de Cataluña- de aquellas en las que las instalaciones de saneamiento están mal gestionadas, casos en los que pide "que caiga el peso de la ley".

Ante la probabilidad de que la Fiscalía de Medio Ambiente siga aplicando la ley y abriendo nuevos procesos contra alcaldes, Llebot aboga por hablar con dicho organismo judicial "para que entienda esta situación".