La Corte Penal Internacional busca pruebas de los crímenes de Gadafi

La fiscalía de la Corte Penal Internacional procederá contra Muamar el Gadafi, dictador de Libia desde hace 42 años, algunos de sus hijos y varios miembros de su círculo de poder, entre los que se encuentran el ministro de Asuntos Exteriores, el jefe de la seguridad y los servicios secretos, el jefe de sus escoltas y el responsable de la seguridad externa. Serán investigados por crímenes contra la humanidad. Lo anunció oficialmente ayer Luis Moreno-Ocampo, fiscal jefe del tribunal, que pidió a los jueces que atiendan la probable petición del ministerio público de que se ordene el arresto del mandatario libio. "No habrá impunidad en Libia", afirmó.

Los señalados por la fiscalía habrían ejercido su autoridad sobre tropas responsables de los delitos. Moreno-Ocampo habló de "ataques contra manifestantes pacíficos". A través de la información que manejan hasta el momento han detectado incidentes muy graves en la ciudad de Bengasi, con 257 muertos entre el 15 y el 20 de febrero, y matanzas en otros pueblos de la región. Las ciudades de Misrata y Trípoli, la capital, han sido asimismo escenario de bombardeos de las tropas leales a Gadafi contra sus conciudadanos. "Debe quedar claro que el mundo está unido en su certeza de que esto no debe pasar", afirmó el fiscal. "Nadie puede lanzarse contra su propia población".

Un ataque del régimen mató al menos a 257 personas en Bengasi

"No habrá impunidad en Libia", aseguró el fiscal jefe

"Durante las próximas semanas, analizaremos quiénes son los mayores responsables de los crímenes más graves cometidos", explicó Moreno-Ocampo. No dio los nombres de los hijos del dictador que serán investigados, pero, en la resolución que aprobó el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el pasado sábado se imponía la prohibición a los Estados miembros de aceptar la entrada o el tránsito en sus territorios de ocho hijos del dictador y la congelación de activos a cinco de ellos: Saif el Islam, Aníbal, Jamis -que fue estudiante en Madrid en el Instituto de Empresa y que está al frente de la Brigada 32-, Mutasim y Aisha, por lo que previsiblemente figurarán entre los investigados por la Corte Penal Internacional.

La acusación por el momento se centra en crímenes contra la humanidad, pero podría incluir también crímenes de guerra si se considera que existe un conflicto armado con dos bandos. Moreno-Ocampo subrayó la imparcialidad de la corte. "Sabemos que la oposición está armada. Si cometen delitos, también serán responsables".

Es la segunda vez en su historia que la fiscalía de la corte actúa contra un presidente en ejercicio. El otro es el sudanés Omar el Bashir, acusado de genocidio en Darfur y en busca y captura desde 2009.

El caso de Libia, como antes el de Sudán, ha llegado a la corte a través del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Es un procedimiento previsto en sus estatutos, pero supone un punto de inflexión en la labor de la Corte Penal Internacional. En estos momentos tiene cinco causas en marcha en países africanos: Uganda, República Democrática de Congo, República Centroafricana, Darfur y Kenia. Ha sentado precedente al considerar crimen de guerra el reclutamiento de niños soldado. Pero solo en el caso de Libia ha decidido Estados Unidos apoyar sin reservas la justicia penal internacional.

Moreno-Ocampo aseguró que el hecho mismo de que Gadafi y sus leales aparezcan en la lista de presuntos grandes criminales de la historia puede contribuir a evitar más muertes. "A los que tengan autoridad sobre las tropas se les puede pedir cuentas de lo que estén haciendo", advirtió, en clara alusión al entorno del líder libio. Hay un problema, sin embargo. La corte carece de policía. Depende de las fuerzas del orden de otros países para detener a los sospechosos. Y Gadafi no piensa moverse de Libia. La falta de agentes propios ha convertido incluso en insólita la situación de Omar el Bashir. La misma Unión Africana que ha colaborado con la Corte Penal Internacional en su investigación sobre Libia indicó a sus miembros que no detuvieran al presidente sudanés. La UA aduce que ella misma analiza lo ocurrido en Sudán, país que no pertenece al tribunal.