Políticas alborotadas

El anuncio de que el Gobierno había permitido a la Generalitat catalana refinanciar la deuda que vence en 2011 (que no a ampliarla) provocó el martes un griterío de acusaciones de discriminación que, junto con la medrosa decisión posterior del Gobierno de autorizar a otras autonomías a refinanciar su deuda, demuestra la mediocre calidad de la gestión política en España. El mecanismo disparatado de este enredo comenzó el lunes, cuando el presidente de la Generalitat, Artur Mas, abandonó La Moncloa con el mensaje de que había conseguido vencer la oposición del Gobierno a que la Generalitat emitiera más deuda; continuó con acusaciones públicas de discriminación, encabezadas por el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón y el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, a quienes hicieron coro los presidentes de Cantabria, La Rioja y Murcia; y concluyó de la peor manera posible, con el anuncio del Gobierno de que se permitirá a las autonomías (no a los Ayuntamientos) refinanciar la deuda vencida.

El conato de motín autonómico responde en primer lugar a la torpeza del Gobierno, que no fue capaz de explicar con claridad en qué consistía la autorización financiera concedida a Cataluña; ni, por cierto, lo ha conseguido después, porque la prohibición de endeudarse solo desapareció después del griterío montado por Castilla-La Mancha y Murcia. Contribuye al alboroto la irremediable tendencia de los presidentes autonómicos a exhibir cualquier acuerdo como una concesión arrancada fieramente al centralismo madrileño, para coronarse con el laurel del éxito. El eslogan "refinanciación para quien la necesite" es el resultado de esa política esperpéntica.

Una autonomía tiene derecho a emitir deuda si se somete a un plan de contención del déficit. Si la Generalitat concreta ese plan, adelante con la deuda. Y si La Moncloa, en su reunión con Mas, exigió, como parece, un ajuste superior al que presentaba Mas, no se entiende el cambio de criterio para Castilla-La Mancha y Murcia. Este vicio político de decir hoy y desdecirse mañana (¿dónde quedaron las promesas españolas en Bruselas de austeridad drástica y dureza para corregir la deuda y el déficit autonómicos?) es el principal factor de descrédito de la solvencia española. Todo estaría más claro si el diálogo entre el Gobierno y las autonomías se canalizase a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera, otra institución que las políticas de arbitrariedad y alboroto han envilecido.