Salt pide al Gobierno que deniegue la residencia a los inmigrantes incívicos

El Ayuntamiento de Salt es desde anoche el primero de Cataluña en aprobar una moción para reclamar al Gobierno central que deniegue el permiso de residencia por arraigo o el de reagrupación familiar a los inmigrantes que infrinjan las ordenanzas municipales de civismo. No será la única moción en este sentido en Cataluña. Hoy el pleno del Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat debatirá una propuesta similar, presentada por el grupo del PSC, cuya mayoría le garantiza la aprobación. Otros Ayuntamientos, como los de Badalona, El Vendrell y Tortosa, con elevados índices de inmigración, podrían seguir los mismos pasos, y el PP de Cataluña ya ha anunciado que llevará al pleno mociones similares en los Ayuntamientos donde esté.

La oleada de Ayuntamientos que piden tener voz y voto en materia de inmigración obedece al hecho de que en la actualidad el Gobierno está elaborando un nuevo reglamento de la Ley de Extranjería que regulará los criterios y trámites que regirán en las solicitudes de arraigo social y reagrupamiento familiar.

En Salt, la moción fue presentada por el PSC y ERC, ambos en el equipo de gobierno. En ella se expresa la necesidad de que, en su condición de administración más próxima al ciudadano, el Ayuntamiento sea escuchado por el Gobierno central a la hora de decidir qué inmigrantes tienen derecho a quedarse. Y en esta decisión debe pesar el comportamiento cívico de los inmigrantes, según destacó ayer la socialista Iolanda Pineda. "El incivismo es incompatible con la integración", alertó la alcaldesa de Salt, una población con el 43% de su población de origen inmigrante y que el pasado marzo vivió varios días de tensión con duros enfrentamientos entre autóctonos y extranjeros, a los que se culpaba del aumento de la delincuencia.

En la actualidad, los municipios se limitan a acompañar las solicitudes de arraigo o de reagrupación familiar, que autorizan las delegaciones del Gobierno, con informes no vinculantes. La moción aprobada ayer en Salt y la que hoy debatirá el pleno de L'Hospitalet reclaman no solo que sus informes sean vinculantes, sino que para realizarlos tengan acceso a "todos los datos disponibles en su propio servicio municipal". Entre ellos, los de la policía municipal.

Pineda rechazó ayer las acusaciones de xenofobia y racismo que algunas entidades sociales han lanzado contra la moción aprobada ayer. Un pequeño grupo de personas del público, después de que les negaran la palabra por tratarse de un pleno municipal, llamaron racistas a los políticos presentes. "Lo que se pretende es justo lo contrario: eliminar actitudes incívicas de unos pocos que pueden inducir a la criminalización de todo un colectivo en función de su origen", señaló la alcaldesa.

El Ayuntamiento de L'Hospitalet, que fue el primero en anunciar una moción como la de Salt (pero será el segundo en aprobarla), destaca que, tomando como referencia los expedientes tramitados en por el Consistorio el año pasado, "sólo entre un 5% y un 6% de las solicitudes de arraigo o reagrupamiento serían denegadas por el incumplimiento de la ordenanza de civismo".

Para obtener la residencia por arraigo, los inmigrantes deben acreditar que llevan en España más de tres años, que tienen contrato de trabajo y que se han integrado socialmente en su ciudad. Para la reagrupación familiar, la vivienda del inmigrante es inspeccionada por el Ayuntamiento para comprobar que puede alojar a sus allegados.