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El Gobierno rechaza negar el permiso de residencia a los inmigrantes "incívicos"

L'Hospitalet y Badalona piden que se vincule la concesión de papeles al civismo

La iniciativa de diversos Ayuntamientos catalanes para que se nieguen papeles a los inmigrantes "incívicos" puede caer en saco roto. L'Hospitalet de Llobregat y Badalona (Barcelonès) se sumaron ayer a Salt (Gironès) y aprobaron sendas mociones para exigir al Gobierno central que los extranjeros que vulneren las normas de convivencia sean penalizados a la hora de solicitar el permiso de residencia. Pero la Secretaría de Estado de Inmigración no está por la labor y no incluirá esa posibilidad en el futuro reglamento de la Ley de Extranjería.

La moción de L'Hospitalet fue impulsada por el PSC y aprobada por todos los grupos salvo Iniciativa, que forma gobierno con los socialistas. En el texto se pide que, para resolver las peticiones de permisos de residencia por arraigo o las reagrupaciones familiares, las delegaciones del Gobierno tengan en cuenta de forma preceptiva los informes que emite el Consistorio. Y si el informe en cuestión detalla que el inmigrante ha infringido las normas de convivencia, eso debe ser motivo suficiente para denegar la petición. Así, el consumo de alcohol en la calle, la venta ambulante ilegal y las molestias a los vecinos por ruido tendrían consecuencias para el extranjero, más allá del pago de una multa.

El PP de Badalona planteó una moción casi idéntica en el pleno local. Pero el equipo de gobierno de esa ciudad ?formado por el PSC, CiU y ERC? presentó un texto alternativo que menciona solamente el arraigo. Los populares se sumaron al acuerdo, mientras que ICV votó en contra. El texto reclama que en los informes consten las infracciones de las ordenanzas municipales (no solo las de civismo) y que se penalice a los extranjeros en el caso de "infracciones graves, muy graves o reincidencia". La reagrupación familiar queda fuera del texto, ya que es "un derecho fundamental" y penalizarlo por conductas incívicas "plantea dudas legales", explicaron fuentes municipales.

Ni la moción de L'Hospitalet ni la versión más moderada de Badalona convencen a la Secretaría de Estado de Inmigración. "Los Ayuntamientos lanzan mensajes confusos que enturbian el debate de la inmigración", argumentó ayer a este diario Estrella Rodríguez, directora general de Integración. Rodríguez aseguró que las propuestas municipales no tendrán cabida en el reglamento y subrayó que, aunque la competencia es estatal, los municipios "ya desempeñan un papel" en el permiso por arraigo con sus informes, que no son vinculantes pero "se tienen en cuenta".

Si un inmigrante está en situación irregular en España, pero demuestra que ha vivido tres años en el país y presenta una oferta de trabajo, puede solicitar ante la oficina de extranjería el permiso de residencia por arraigo. Como es una medida excepcional, "vincular su concesión a conductas incívicas probadas es aceptable", subrayó el secretario de inmigración de la Generalitat, Oriol Amorós. Distinto es el caso, a su juicio, de la reagrupación familiar. En este punto, aplicar criterios de civismo es "jurídicamente cuestionable" e "innecesario", dijo Amorós, ya que hay elementos objetivos (como disponer de una casa en buen estado) que marcan la pauta que seguir.

La oleada prohibicionista de los Ayuntamientos catalanes ?El Vendrell y Tortosa pretenden aprobar textos similares, y el PP planteará el asunto en los Consistorios donde está presente? topa con el rechazo frontal de diversos expertos jurídicos, que lo consideran "una barbaridad".

"Si un español cruza el semáforo en rojo, le multan y ahí acaba todo. Si lo hace un extranjero, ¿por qué debe recibir un castigo superior?", se preguntó la abogada Olga Hernández, de la Asociación Catalana de Profesionales de la Extranjería. La medida es, a juicio de Hernández, discriminatoria. La abogada Marta Segura considera que es "un salto peligroso" y cree que se produce una vulneración de "derechos fundamentales". SOS Racismo asegura que las multas por incivismo "no pueden equipararse a los antecedentes penales" y acusa a los Consistorios de "usar, una vez más, la inmigración con fines electorales".