La prioridad es otra

Sucede con las medidas económicas que anunció ayer el presidente del Gobierno que tomadas una a una son razonables, incluso beneficiosas, pero es dudoso que en conjunto solucionen el grave problema de confianza que pesa sobre la deuda española (pública y privada). Está bien que se amplíe el número de empresas que pueda acogerse a la rebaja del impuesto sobre sociedades o que se aumente la gestión privada de los aeropuertos; quizá incluso tenga sentido privatizar una parte de la lotería (económicamente pocos ingresos aportará a la corrección del déficit) y seguro que viene bien eliminar la obligatoriedad de las cuotas empresariales a las Cámaras de Comercio. Tiene sentido que se mejore la intermediación laboral, para que los parados tengan más fácil encontrar empleo; y la supresión de la ayuda de los 426 euros, un duro golpe para los más castigados por la crisis, alivia las arcas públicas. Son medidas, sin embargo, que resuelven poco, porque la gravedad de los tiempos exige otras respuestas.

Las decisiones urgentes son de otra índole. Hay que cortar de manera inmediata el aumento de la prima de riesgo y alejar la amenaza de la intervención o rescate. Se trata de evitar que España caiga en una situación como Irlanda o Grecia. Y para ello no basta lo anunciado ayer. Las medidas que sí sirven se conocen de antiguo. Justo es decir que algunas, quizás las más importantes, no dependen del Gobierno. Como pudo observarse ayer, la posibilidad de que el BCE anuncie hoy que comprará deuda de los países "tocados" disparó la euforia en las Bolsas y rebajó la prima de riesgo de España hasta los 250 puntos básicos. Pero otras sí están enteramente en su mano. Por orden de importancia, tiene que acelerar el saneamiento del mercado financiero, anunciar la reforma del sistema de pensiones en tiempo y forma (algo más preciso que las vagas explicaciones del ministro de Trabajo, Valeriano Gómez) y cerrar la reforma laboral.

Hay una receta que reduciría al mínimo la inquietud de los inversores sobre la solvencia de la deuda española, que depende en parte del Gobierno: un acuerdo político con el PP para poner orden en las desquiciadas finanzas autonómicas. Poner orden significa imponer los planes de austeridad, de forma que cumplan los objetivos de déficit, y cerrar el paso a las desdichadas emisiones de deuda patriótica, iniciadas por Cataluña y que ahora pretende imitar Valencia. Abonan la tesis de que las arcas autonómicas están vacías.

Alejar el riesgo de quiebra del sistema autonómico es cuestión de supervivencia. En esta decisión debe estar implicado el PP, aunque solo sea porque muchas de las fuentes de generación de deuda proceden de su gestión en el Gobierno. La iniciativa para impulsar tal acuerdo corresponde al Gobierno; y si el PP no se siente concernido en un pacto de tal naturaleza, que la opinión pública lo sepa. Para que no quepa duda sobre quienes denigran la solvencia exterior de España.