Análisis:
Análisis
Exposición didáctica de ideas, conjeturas o hipótesis, a partir de unos hechos de actualidad comprobados —no necesariamente del día— que se reflejan en el propio texto. Excluye los juicios de valor y se aproxima más al género de opinión, pero se diferencia de él en que no juzga ni pronostica, sino que sólo formula hipótesis, ofrece explicaciones argumentadas y pone en relación datos dispersos

Políticas con visión de corto alcance

Existe una partida en los Presupuestos Generales del Estado que casi podría calificarse de entrañable. Se trata de la 231 F, del Ministerio de Sanidad y Política Social, y sus 97 millones de congelados euros tienen por objeto sostener las prestaciones básicas sociales, o sea, nada menos que la financiación del sistema del que dependen la ayuda a domicilio, los albergues de transeúntes, la cobertura de las necesidades básicas de quienes no tienen nada, y tantos otros servicios prestados por las entidades locales en el marco de sus respectivas comunidades autónomas.

La partida en cuestión ya sufrió un grave ataque en los presupuestos de 2004 cuando Eduardo Zaplana tuvo la osadía de querer restarle 6,5 millones. Era un pequeño recorte, pero denotaba el escaso interés por mantener e impulsar los servicios sociales básicos.

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Siete años después -Ley de Dependencia mediante- no podemos decir que estemos igual en materia de derechos sociales, no sería justo ni veraz. Pero la magra 231 F va a ser recortada en un 12% (11,5 millones de euros). Conocemos de antemano la dúplica: austeridad, crisis y necesidad de financiación de la dependencia (que aún así se recorta en 80 millones). Los servicios sociales básicos tendrán que seguir "tirando" gracias al sobreesfuerzo presupuestario municipal, tensando al límite la ya estirada goma del déficit local. Así que, tenemos Ley de Dependencia, pero, triste paradoja, podemos terminar con un peor sistema de servicios sociales.

Los servicios sociales son una de las más vergonzantes asignaturas pendientes de España y lo seguirán siendo mientras no se entienda que están en juego derechos fundamentales en el marco del Tratado de Lisboa; mientras no se asuma que la inversión en atenciones sociales genera empleo y riqueza; mientras no se comprenda que la política social es una política de Estado que requiere de visión de largo alcance.

No es por los 11,5 millones. Es por la sensación de haber caminado mucho en siete años como para llegar al mismo punto.

Luis Barriga es miembro de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

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