Cuentas de emergencia

Un primer análisis de los Presupuestos del Estado para el año próximo indica que la reducción del déficit público hasta el 6% del PIB pretende conseguirse, además de con la congelación de las pensiones (salvo las mínimas, que subirán el 1%) y la reducción salarial de los funcionarios, con un recorte radical de la inversión en infraestructuras, nada menos que del 30% en comparación con las inversiones presupuestadas para 2010. Las técnicas de recorte presupuestario indican que ha de actuarse sobre los grupos fundamentales de gasto, en este caso los gastos sociales, los costes de la Administración pública y la inversión pública; son las vías más rápidas para bajar el déficit por la vía del gasto. Y así se ha hecho en los Presupuestos de 2011, en busca de recuperar la estabilidad presupuestaria por etapas, hasta situar el déficit público en el 3% del PIB en 2013.

Ahora bien, la estabilidad presupuestaria tiene contraindicaciones que no está de más recordar. La inversión en infraestructuras actúa como factor de crecimiento económico en periodos recesivos. Con un descenso del 30% difícilmente puede argumentarse que las cuentas públicas de 2011 contribuirán a impulsar un crecimiento del PIB del 1,3% el año próximo. Es más, también es dudoso que el crecimiento supere claramente el 0,5% en 2011. Por tanto, lo que los Presupuestos confirman es que no hay estímulos públicos para incentivar la actividad económica. La agencia de calificación Moody's ha justificado precisamente la rebaja de calidad de la deuda española desde triple A a AA1 en las débiles perspectivas de crecimiento de la economía española. Y el Banco de España acaba de informar de que la recuperación económica, incipiente en el segundo trimestre, se ha debilitado en julio y agosto.

A lo que más se parecen las cuentas de 2011 es a un presupuesto de emergencia. Bajo la consigna general de que el déficit debe reducirse imperativamente, todos los ministerios sufren recortes de importancia. El sueño de fundamentar el crecimiento en actividades más competitivas y de superior valor añadido queda pospuesto para mejor ocasión (la dotación para I+D+i cae el 7%) y las políticas de reforma educativa, lo mismo (8,1% menos de presupuesto, cuando la educación es el factor fundamental para aumentar la productividad y los salarios reales), mientras que se dispara la partida para financiar la deuda pública (sube el 18%).

Un debate parlamentario riguroso sobre el Presupuesto debería plantear al menos la duda sobre si las prioridades en los recortes del gasto son las adecuadas o si es posible reducir el déficit con otras políticas que salvaguarden la inversión en educación e infraestructuras a cambio de suprimir unidades administrativas, imponer un recorte drástico del gasto de las autonomías, reducir casi a cero los gastos fiscales y limitar el fraude fiscal. Pero estas políticas requieren un esfuerzo de negociación y capacidad persuasiva que el Gobierno no está en disposición de hacer y la oposición ni sabe ni quiere intentar.