La xenofobia en Europa
Nicolas Sarkozy y José Manuel Durão Barroso discutieron ayer a cara de perro sobre la política francesa de expulsión de gitanos y los planes de la Comisión de abrir un procedimiento de infracción a Francia. El detonante del choque fue la equiparación por la vicepresidenta de la Comisión y comisaria de Justicia, la luxemburguesa Viviane Reding, de las repatriaciones de gitanos con las deportaciones del nazismo.
Aunque el Consejo Europeo de ayer estuvo eclipsado por la bronca entre Barroso y Sarkozy por las deportaciones de gitanos en Francia, los líderes adoptaron un trascendental acuerdo sobre política exterior. Los jefes de Estado y de Gobierno decidieron que a partir de ahora serán ellos quienes definan y tracen las líneas fundamentales y las posiciones concretas de las relaciones exteriores de la UE.
José Luis Rodríguez Zapatero no quiere indisponerse con el presidente francés, Nicolas Sarkozy, con quien mantiene una excelente relación personal y a quien debe su apoyo incondicional en la lucha contra ETA y una silla en el G-20, aunque ello le obligue a mirar para otro lado ante las expulsiones de rumanos y búlgaros de etnia gitana.
Cinco franceses fueron secuestrados en la madrugada del jueves por un grupo de personas armadas en la ciudad de Arlit, al norte de Níger. En la misma acción fueron raptados un ciudadano de Togo y otro de Senegal. El Ministerio de Exteriores francés, tras confirmar el secuestro, aseguró ayer que no ha recibido aún ningún tipo de reivindicación.
También Benedicto XVI, como hizo el cardenal Walter Kasper el día anterior, se desahogó ayer, en la primera visita de Estado de un Papa a Reino Unido, contra el "secularismo radical", el "extremismo ateo" y la "dictadura del relativismo". Males, afirmó, que conducen "a una visión sesgada del hombre y de la sociedad", a olvidar los valores tradicionales y a "una jungla de autodestructivas y arbitrarias libertades".
La apertura de Cuba a la iniciativa privada parece ir en serio. Cada día se conoce un poco más de los planes del Gobierno de Raúl Castro para reactivar la economía y aligerar la carga de un Estado mastodóntico e ineficiente, que controla más del 80% del empleo y que en el plazo de tres años ha de despedir a un millón de trabajadores (el 25% de los empleados estatales), la mitad de ellos en 2011.
