Merkel marca el camino para prorrogar y gravar las nucleares

El Gobierno de coalición de Angela Merkel acordó ayer, tras 12 horas de negociación con las grandes eléctricas, alargar la vida de las centrales nucleares alemanas una media de 12 años respecto a la legislación actual, un paso que encuentra una fuerte resistencia en un país con una opinión pública marcadamente antinuclear. Mediante una reforma de la ley de Schroeder que preveía el apagón nuclear para 2022, el Gobierno aprobó que la última de las 17 centrales atómicas alemanas funcione más allá de 2040. Estamos ante "nada más y nada menos que una revolución", dijo la jefa del Gobierno. A las puertas de la Cancillería Federal, unos mil manifestantes contestaban en vano la decisión con pitidos y viejos lemas del históricamente poderoso movimiento antinuclear alemán.

Las centrales atómicas conectadas antes de 1980 podrán funcionar ocho años más y las más recientes obtienen 14 años más de prórroga. En lugar de los 32 años que dicta actualmente la ley, las centrales funcionarán 40 o 46 años, dependiendo de la fecha de su puesta en marcha. Los líderes de los tres partidos de la oposición prometieron dar un "otoño caliente" al centro-derecha de Merkel.

De momento, el Gobierno celebra los 30.000 millones de euros que le reportarán nuevos impuestos y tasas sobre las centrales nucleares en tiempos de elevado déficit público. Parte de estos ingresos se destinarán al desarrollo de fuentes de energía renovable. Todo indica que el largo debate anterior a la reforma anunciada ayer no fue más que el prolegómeno de las querellas que se avecinan. Ya es seguro que habrá demandas judiciales. Socialdemócratas y Verdes detectan un punto débil en la dudosa constitucionalidad de aprobar una reforma de este calado sin que pase por la Cámara alta legislativa (Bundesrat), donde el Gobierno democristiano-liberal de Merkel carece de mayoría.

El líder socialdemócrata, Sigmar Gabriel, anunció el mismo domingo que recurrirá ante el Tribunal Constitucional para obligar al Gobierno a llevar la reforma nuclear al Bundesrat, donde podría haber quedado congelada.

La decisión de Alemania ya la tomaron antes países como EE UU o Reino Unido, que han alargado la vida de sus nucleares hasta los 60 años, 20 más que la vida de diseño de las centrales. Mientras la construcción de plantas es un negocio boyante en Rusia, China o India, en los países desarrollados hay más palabras que ladrillos. Una cosa es alargar la vida de una central existente y amortizada (lo que permite cobrarle impuestos) y otra mucho más dudosa construir una nueva, cuyos costes y tiempo de construcción se han disparado en Finlandia, los pioneros en el renacer nuclear en Occidente.

Alemania era el ejemplo y el modelo de todos los ecologistas europeos, que destacaban cómo la primera economía europea prescindía de la energía nuclear. En 2002, la coalición de socialdemócratas (SPD) y Verdes que presidía Gerhard Schröder (SPD) aprobó una ley que desconectaría todas las centrales atómicas antes de 2022. Fue el resultado de varios años de regateos y disputas con el poderoso lobby nuclear. Los Verdes lo celebraron como un gran triunfo de su aún joven movimiento, que había pasado de las barricadas contestatarias de los setenta a culminar como partido gobernante uno de sus proyectos fundacionales.

Desde que la nube radiactiva de Chernobil echó sombra sobre Alemania en 1986, la conciencia antinuclear se ha extendido por todas las capas sociales. Tanto el socialdemócrata SPD como en el partido La Izquierda (Die Linke) la han convertido en un principio fundamental, con el que simpatizan no pocos conservadores.

Según una reciente encuesta, el 77% de los alemanes está en contra de prolongar la vida de las nucleares por más de 10 años. La mitad de los encuestados es contraria a cualquier prorroga sobre los plazos que dio la ley de 2002.

Por eso, la reforma anunciada ayer era uno de los puntos más delicados del programa electoral de Merkel. La doctora en físicas siempre habla de la nuclear como "fuente de energía de transición". Ha tardado casi un año alcanzar un acuerdo con las cuatro grandes eléctricas y con sus socios liberales. Tras su anuncio del lunes, le quedan por superar las pruebas del Constitucional y, tal vez, la del Bundesrat. El asunto puede atizar el descontento ciudadano. La primera "gran manifestación" será el sábado 18. Los socialistas ya han anunciado que si ganan las elecciones dará marcha atrás a la reforma.