Cruce de informes
El Gobierno de Navarra ultima el recurso que presentará, antes del 5 de junio, ante el Tribunal Constitucional contra la nueva ley del aborto. Y lo hará a pesar de que el informe solicitado al Consejo de Navarra ha concluido que la norma no invade las competencias de la Comunidad Foral, como argumenta el Ejecutivo de UPN. En todo caso, el máximo órgano consultivo de Navarra sí es favorable a presentar el recurso por los mismos motivos que el PP: el sistema de plazos y la protección del nasciturus.
En concreto, el informe explica -con un voto particular en contra- que la disposición que establece la obligación de que las interrupciones de embarazo se practiquen en la comunidad de residencia de la mujer, entendida como que la Administración decida "la planificación y organización de los servicios sanitarios con criterios de racionalización", "no resultaría contraria a las competencias" de la comunidad.
El informe coincide además con otro redactado, a petición del PSN, por los servicios jurídicos del Parlamento de Navarra, que, asimismo, no ve "contrafuero", aunque ninguno de los textos es vinculante. Tampoco el realizado por el departamento de Salud, el único que sí considera "excedidas las competencias estatales", y que será uno de los mayores puntos de apoyo en el recurso.
Mientras, aún está pendiente de su aprobación en el Parlamento, posiblemente el 10 de junio, la proposición de ley presentada por el PSN para garantizar la práctica de los abortos en la comunidad, hasta ahora subvencionados pero derivados a otras regiones cercanas. Para liar más el asunto, si ese cambio afecta a la objeción de conciencia de los sanitarios, el PP de Navarra ha anunciado que lo recurriría al Constitucional.
En este cruce de iniciativas, también el PSN ha enviado el informe favorable del Parlamento navarro a la Abogacía del Estado, para que se persone en el recurso del Ejecutivo regionalista en defensa de la ley. Las posiciones de unos y otros no varían. El presidente, Miguel Sanz, valora el resultado del informe positivamente porque "viene a decir que, efectivamente, hay causas de inconstitucionalidad". Por su parte, Nafarroa Bai, PSN e IU coinciden en que el contrafuero era "una excusa" del Gobierno para que sigan sin practicarse abortos.
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