Zapatero suspende un viaje a Brasil para implicarse en la reforma laboral

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se implicará a fondo en la fase final de la negociación de la reforma laboral, de tal modo que ayer suspendió su programado viaje a Brasil y su entrevista con el presidente de ese país, Luiz Inácio Lula da Silva, en el marco de unas jornadas sobre la Alianza de Civilizaciones. Zapatero se lo comunicó a Lula en una conversación telefónica sostenida a las 12.30 de la madrugada de ayer. Ambos mandatarios se emplazaron a verse en Toronto (Canadá) a finales de junio en el marco de la cumbre del G-20.

Zapatero otorga una enorme trascendencia a la negociación sobre la reforma del mercado laboral. La considera una pieza imprescindible para superar una "singularidad negativa" de la economía española, la de un crecimiento desmesurado del empleo en las épocas de bonanza y de caída drástica en las etapas de recesión.

Méndez asegura que la patronal ya busca rebajar sueldos en algunos convenios

El presidente tiene previsto reservarse las gestiones necesarias para llevar a buen puerto la negociación, que se desarrollará este fin de semana y que tiene como fecha tope el próximo lunes, 31 de mayo. También ha influido en su decisión la inconveniencia de abandonar el país en un momento económico tan delicado.

A pesar de esas intenciones, la tarea no se presenta fácil. Los sindicatos enseñaron ayer su última carta en esta larga negociación para la reforma laboral. Tras varias semanas planeando sobre el ambiente, UGT y Comisiones Obreras concretaron ayer el escenario de huelga general. La convocarán "si el Gobierno aprueba un decreto que lesione los derechos de los trabajadores", aseguró el líder de CC OO, Ignacio Fernández Toxo. Será lesión "cualquier decisión que suponga un recorte de los derechos individuales o colectivos", abundó su homólogo en UGT, Cándido Méndez. Ambos dirigentes comparecieron ayer ante una multitud de medios de comunicación expectantes ante la posibilidad de que los sindicatos den por rota la concordia mantenida durante estos años y utilicen su arma más potente, la huelga general, contra el Gobierno. Los dos sindicatos autorizaron ayer a sus ejecutivas a que convoquen la huelga si el decreto llega al Boletín Oficial del Estado.

En ese callejón sin salida, las opciones son muy escasas. Si el presidente no logra convencer antes del lunes a empresarios y sindicatos de que su reforma laboral es la idónea, cualquier ley laboral será interpretada por los representantes de los trabajadores como una lesión. Como pista, Toxo aseguró que si el Ejecutivo pretende aplicar la última propuesta que llevó a la mesa de negociación hace algo más de un mes (contenía, entre otras cosas, la práctica generalización del contrato indefinido con despido más barato), el acuerdo es "imposible".

Tampoco la patronal parece interesada en firmar nada con el Ejecutivo cuando las recetas que provienen de los organismos internacionales (despido más barato, mayor flexibilidad en las empresas...) tienen ahora más visos de prosperar en una eventual reforma por decreto. Fuentes empresariales aseguran que las organizaciones miembros de la CEOE piden a la cúpula que no apruebe nada si no implica cambios profundos en el mercado laboral.

Pese a las discrepancias, nadie quiere levantarse oficialmente de la mesa, máxime cuando Zapatero va a emplear el último cartucho al tomar las riendas de la negociación. "El acuerdo da confianza y podría servir de contrapunto al plan de ajuste", subrayó Méndez dejando una puerta abierta al diálogo.

Tanto el responsable de UGT como el de CC OO dedicaron buena parte de su comparecencia a criticar el plan de ajuste aprobado ayer en el Parlamento por limitarse a recortar sin compensar con un aumento de la fiscalidad a los colectivos más adinerados. Méndez destacó una primera consecuencia de ese decreto en la empresa privada: "Hay convenios en los que la patronal estaba al borde del acuerdo y lo ha reconsiderado tras el plan de ajuste", a la espera de que esa rebaja media del 5% de los salarios públicos pueda contagiarse al sector privado.

En cualquier caso, tras cuatro meses de negociaciones oficiales, la espera ya parece corta. Todas las partes reconocen que si el próximo lunes no hay acuerdo, no tiene sentido prolongar el proceso.