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Plan de choque de Zapatero

Unas 750.000 personas declaran más de 60.000 euros al año

Gravar patrimonio aportaría 2.121 millones, por encima de lo que se ahorraría con la congelación de las pensiones

Los llamados ricos constituyen un colectivo difícil de rastrear en las estadísticas tributarias. Un vistazo rápido al IRPF, el impuesto con mayor capacidad recaudatoria, lleva al convencimiento de que la mayoría de los acaudalados escapa a este tributo. Sólo el 4% de los declarantes ingresa más de 60.000 euros al año por rentas del trabajo y del capital, lo que convierte a este grupo, de unas 750.000 personas, en ricos oficiales, según datos de la Agencia Tributaria correspondientes a 2007. El problema es discriminar entre esa masa heterogénea, pues aunque todos están gravados con el mismo tipo impositivo, sus rentas son muy dispares.

Hacienda aplica el mismo rasero a todos los ingresos superiores a 53.407 euros anuales. A partir de esa cantidad, el tipo es del 43%. Si de verdad se quiere gravar a los más ricos, no se podrá optar por mantener el último tramo actual con un tipo superior, pues el incremento afectaría a muchas rentas medio-altas. Habría que crear otro nuevo para ingresos muy elevados con un gravamen superior al 43%.

Más margen para la progresividad hay en las rentas del ahorro (intereses de cuentas y depósitos, seguros, plusvalías...), que tributan al 19% si son inferiores a 6.000 euros y al 21% si superan ese límite.

Al contrario de lo defendido por el Gobierno hasta ahora, aumentar la fiscalidad en el último tramo del IRPF proporcionaría unos ingresos nada desdeñables a las arcas públicas. Porque ese 4% que declara más de 60.000 euros aporta casi el 40% de los ingresos. Si se aísla a quienes perciben más de 150.000 euros al año -una definición más ajustada a la riqueza-, se obtiene el 16% de la recaudación.

Otra opción para gravar a los más acaudalados consiste en recuperar el impuesto de patrimonio, suprimido desde 2008. Casi un millón de personas presentaba la declaración de este impuesto, que gravaba los patrimonios superiores a 108.182 euros, con importantes exenciones (vivienda habitual, seguros de dependencia, planes de pensiones...). El Estado ingresaba 2.121 millones al año, una cantidad superior a los 1.500 millones que se ahorrará con la congelación de las pensiones en 2011.

Son, sin duda, ricos los 443.509 partícipes de las polémicas Sicav, sociedades de inversión colectiva que, cumpliendo unos criterios de capital mínimo y número de inversores, logran que sus beneficios tributen al 1% frente al 30% del tipo general del impuesto de sociedades. Aunque el Ejecutivo descartó en su momento cambios, con el argumento de que esos inversores ya abonan un 19% o un 21% cuando recuperan su capital, las Sicav manejan un jugoso patrimonio de casi 26.000 millones de euros.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 20 de mayo de 2010