¿Culpa de la crisis o del "despilfarro"?

Gastar menos e ingresar más. Es la tenaza clásica para atajar un déficit. Del acierto en las dosis y del momento de aplicarlas dependerá el éxito de la operación. De la capacidad política para ejecutarla: de las alianzas parlamentarias y de la opinión. Más aún: de que apretar el cinturón a la economía no acabe estrangulando su crecimiento. De que la cura no mate al enfermo.

Gastar menos, ingresar más: ¿por qué? La demagogia política es poco útil para resolver los dilemas económicos. La oposición se ha hartado de denunciar que los pensionistas pagarán el despilfarro de Zapatero. Y el Gobierno, de defender que el déficit lo crearon los paliativos sociales aplicados para evitar que la crisis económica se convirtiera en una brutal crisis social.

Ni lo uno ni lo otro.

La causa principal del déficit del Estado en 2009 fue la caída de los ingresos, de la recaudación fiscal, en un 26,9%, como consecuencia en su mayor parte de la recesión. El IVA allegó un 28% menos; el IRPF, un 24,3% menos ("Principales indicadores..." Ministerio de Hacienda, diciembre 2009).

Esa caída de ingresos (más el aumento de gastos) produjo un agujero de 99.785 millones, el 9,49% del PIB (11,2% contando el de las otras Administraciones).

Pues bien, de esos nueve puntos, unos cuatro fueron culpa del ladrillo. [La estimación surge así: en años normales la construcción residencial aportaba el 4,5% de los ingresos del Estado (central), calculó en 2007 Virginia Pou, en "Situación inmobiliaria", boletín del BBVA. Los visados de viviendas libres iniciadas cayeron un 88% de 2006 (664.923) a 2009 (sólo 80.230), según datos del Ministerio de Vivienda. Ergo, los impuestos generados por éstas, un buen indicador del sector, habrían descendido en torno al 88% de 4,5, esto es, 3,96 puntos]

Sí, casi cuatro de los nueve puntos del déficit (el 41,7% del total) se deben directamente al ladrillo. Y recordemos que en el éxtasis perverso de la construcción alucinaron todos los Gobiernos, todas las Administraciones.

Los paliativos sociales a las familias (pagos a los desempleados y nuevos subsidios a los de larga duración) y los estímulos fiscales a las empresas (del automóvil al Plan E) costaron 36.910 millones de euros, casi un 37% del déficit. Por tanto, el intervencionismo económico y social del Gobierno contra la crisis ha supuesto 3,7 de sus 9,4 puntos.

Ni ese gasto social preciso, ni esos estímulos a la actividad han sido demasiado puestos en cuestión, salvo en aspectos laterales. Y en la caída de ingresos solo se discute si el empeño en combatir el fraude fiscal ha sido suficiente.

De modo que la cuota restante para el gasto populista (si quieren, despilfarro), está muy acotada. Califíquese así al cheque-bebé (400 millones anuales) o el regalo electoral de los 400 euros en el IRPF (6.000 millones). En total, el 6,4% de los 99.785 millones del déficit. O sea, unas seis décimas del PIB. A lo que quizá cabría añadir alguna otra rebaja fiscal poco oportuna vista desde hoy.