Zapatero reconoce su culpa y la del PP en el bloqueo del Tribunal Constitucional

Federico Trillo asentía desde su escaño y decía en voz alta "muy bien, muy bien", mientras el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, explicaba su posición sobre el Tribunal Constitucional, por primera vez desde que sus magistrados acordaran nombrar ponente para la sentencia del Estatuto de Cataluña a un juez conservador.

Zapatero se esforzó en preservar la institución, haciendo un canto a su contribución a la democracia y preservando su legitimidad, aunque un tercio de sus magistrados se mantenga en el cargo dos años y medio después de haber caducado su mandato. Repitió frases para salvar al tribunal y dejar claro que si no hay renovación es por culpa de los partidos, exclusivamente. "El Tribunal Constitucional y sus miembros no son responsables de que no se haya producido la renovación; somos nosotros los responsables", dijo el presidente en el pleno del Congreso. Enfrente estaba Rajoy.

Del tema de fondo, la petición de los partidos catalanes, incluido el PSC, de forzar su renovación antes de que resuelva sobre el Estatuto de Cataluña, no quedó clara su posición porque, por un lado, dijo: "Mientras esa renovación no se produzca -e insisto en que no es responsabilidad de los magistrados del Constitucional-, tienen plena legitimidad, respetemos su tarea, con los errores y aciertos que puedan tener". Y por otro lado defendió que la renovación "cuanto antes se produzca, mejor". Pero recordó que hace falta mayoría de tres quintos, es decir, acuerdo entre el PSOE y el PP y ahí se quedó. No especificó qué piensa hacer para superar esa situación de bloqueo.

Zapatero respondía a Joan Herrera (ICV), quien rechazó la legitimidad del actual tribunal y su capacidad para decidir sobre una norma que ha sido sometida a referéndum. "Nunca habíamos tenido un constitucional paralizado en sus deliberaciones por causa del enroque en posiciones políticas predeterminadas; nunca se había faltado como ahora al deber de secreto en las deliberaciones; nunca se había perdido toda la imparcialidad", aseguró.

La misma línea la siguió luego Pere Macías (CiU) al preguntar a la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, quien aseguró que "todos los magistrados del alto tribunal gozan de la legitimidad que la Constitución y la ley les da para desempeñar su tarea". Y culpó al PP del bloqueo en el Senado del proceso de renovación.