El Gobierno apuesta por recortar el papel de la acusación popular tras la causa de Falange contra Garzón

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha respondido esta mañana con afán pedagógico a dos de las cuestiones que centran el debate político y las charlas de bar en media España: el Tribunal Constitucional y su nudo gordiano, la reforma del Estatuto catalán; y el acoso en el Tribunal Supremo al magistrado Baltasar Garzón, que ha reavivado enconadas diferencias históricas.

El Tribunal Constitucional. En los micrófonos de la Cadena SER, Caamaño ha defendido la legitimidad de los magistrados que deben juzgar sobre la constitucionalidad de la reforma estatutaria catalana; considera dentro de la legalidad que un tercio de ellos haya concluido ya su mandato, y discrepa con el presidente catalán, José Montilla, que afirmó que "son jueces de parte". "No son ni de uno ni de otro", en referencia a sus afinidades u obediencias a PSOE y PP.

"A mí personalmente me gustaría que la renovación fuera lo antes posible, lo deseamos desde hace tres años. Los responsables de que no haya tenido lugar son las Cortes, son los dos grandes partidos con capacidad de decisión, pero sólo hay un culpable, el PP", ha dicho el ministro, calcando las palabras de ayer del jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, en el Congreso.

A las palabras de Caamaño se unen las de la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, que ha defendido en Televisión Española la legitimidad del tribunal, y ha culpado al partido presidido por Mariano Rajoy por recurrir el Estatuto catalán y por bloquear luego la renovación de los magistrados con una maniobra política en el Senado. "Es más que evidente que el Constitucional debe renovarse", ha añadido Pajín, para recordar a continuación que Rajoy no está por la labor.

Preguntada sobre las diferencias entre el PSOE y el PSC -Montilla se ha alineado con los nacionalistas catalanes para presionar políticamente para que la renovación tenga lugar antes del fallo-, ha asegurado que "la realidad clara es que los socialistas tenemos la misma postura en Madrid y en Cataluña".

El acoso judicial a Garzón. Caamaño ha defendido la actuación de los tribunales españoles, ante los ataques recibidos por el Supremo a raíz de las tres causas que instruye contra el magistrado de la Audiencia Nacional. Preguntado sobre la legitimidad de Falange para sentar en el banquillo al juez por su investigación de los crímenes del franquismo, el ministro ha querido colocar el foco del debate en la figura de la acusación popular: "Me plantea problemas políticos y jurídicos que tenga tanto margen de actuación. Es lo más difícil de explicar fuera, como alguien puede tener la iniciativa de ejercer una acción penal sin ser víctima del delito ni fiscal. Deberíamos reflexionar sobre ello".

Sobre el debate parlamentario forzado por IU-ICV sobre la Ley de Amnistía, Caamaño ha abogado por interpretar esta norma "en su contexto histórico", pues "cumplió su cometido" en la transición. Ahora, cree el ministro, hay que centrarse en el desarrollo de la Ley de Memoria Histórica en lugar de en reformar la de Amnistía.