El tripartito y CiU negocian el cambio de la Ley del Constitucional

El Gobierno tripartito catalán ultimó ayer una propuesta de resolución parlamentaria para impulsar la renovación del Tribunal Constitucional (TC) y la modificación de la ley orgánica que lo regula tras el revés a la quinta propuesta de sentencia sobre el Estatuto, rechazada hace justamente una semana. Diversas fuentes del tripartito daban ayer por cerrado el acuerdo, mientras que otras se mostraban más cautas hasta poder alcanzar el próximo lunes un acuerdo con Convergència i Unió (CiU). El plan es aprobar esta resolución en el pleno del Parlamento catalán a mediados de la próxima semana y poderla defender conjuntamente en el Congreso.

La propuesta de acuerdo con CiU consta de cuatro puntos: renovación de los miembros del Constitucional que han agotado el mandato; cambio del magistrado recusado (Pablo Pérez Tremps) y sustitución del fallecido Roberto García Calvo y apoyo a la legitimidad del Estatuto de Cataluña. El cuarto punto, al más delicado, insta al Gobierno central a modificar la ley del TC en dos sentidos: que el tribunal no pueda emitir sentencias sobre leyes votadas en referéndum y que los magistrados que han acabado el mandato dejen el cargo automáticamente.

Pese a que la negociación con CiU se concretará el lunes, el borrador recoge la principal aspiración de los nacionalistas que exigen la modificación de la ley del TC y rechazan de plano que la resolución se limite a ser un simple gesto. De hecho, el tripartito ha aceptado sus peticiones salvo la de que el tribunal se inhiba.

La hipotética modificación de la ley del Constitucional coloca en una situación delicada al PSC, porque le obligaría a votar con sus socios de Gobierno y el principal partido de la oposición en Cataluña. El escenario confirmaría el órdago institucional que anunció el martes el presidente de la Generalitat, José Montilla y desataría la tensión entre el PSC y el PSOE. La relación entre la familia socialista catalana y la del resto de España alcanzaría uno de los momentos más complejos de los últimos años. De hecho, los socialistas catalanes se resisten a introducir en la resolución la reforma de la ley del TC.

No obstante, los aliados del Gobierno catalán -Esquerra e Iniciativa- no están dispuestos a transigir en ese punto. Y CiU tampoco. Un redactado un tanto laxo -"instar al Gobierno central"- no comprometería en exceso al PSC, a pesar del terremoto político que supondría para el PSOE.

Para cambiar la ley orgánica se precisa una mayoría de tres quintas partes, lo que hace inevitable el concurso de un Partido Popular (PP) poco predispuesto al cambio. Mientras, su líder, Mariano Rajoy, culpó ayer al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de ser un político "cortoplazista" y de haber provocado con sus "políticas miopes" el debate sobre el TC fraguado, a su juicio, por la marginación del PP en la elaboración del Estatuto.

Ayer, Montilla quiso limar asperezas con Rajoy, con quien coincidió en las exequias de Samaranch. El saludo fue fugaz y cortés pero el presidente catalán no perdió el tiempo y le pidió una entrevista a celebrar en los próximos días. Fuentes del PP aseguraron que no está concertada y que el único interlocutor para el PP en este asunto es Zapatero.