El Constitucional fracasa en su quinto proyecto de sentencia del Estatuto

El Tribunal Constitucional fracasó estrepitosamente ayer en su quinto intento de sacar adelante un proyecto de sentencia del Estatuto de Cataluña, después de casi cuatro años desde que el Partido Popular presentase su recurso de inconstitucionalidad. La jornada en el Constitucional no sólo se saldó con una votación negativa por 4-6 para la ponencia, sino que esta fue entregada al vicepresidente Guillermo Jiménez, integrado, junto a Manuel Aragón y Ramón Rodríguez Arribas, en un bloque más conservador y partidario de laminar bastantes más preceptos entre los 113 impugnados. El cambio de ponente implica que previsiblemente no habrá sentencia hasta después de las elecciones catalanas, pero tampoco se puede garantizar que no intenten sacarla cuanto antes.

La presidenta encarga un nuevo texto al conservador Guillermo Jiménez

El relevo complica más las opciones de un fallo antes de las elecciones

El bloque progresista, que respaldaba la ponencia de Elisa Pérez Vera, culpaba ayer al magistrado Manuel Aragón, teóricamente también de ese sector, del fracaso de la sentencia por su empecinamiento en llevar al fallo sus postulados sobre el alcance del término "nación". Al mismo tiempo, también lamentaban que la ponente Pérez Vera, después de cinco redacciones de la sentencia, la última con aportaciones del propio Aragón, tuviese que retirarse sin firmar el fallo más importante en la historia del Constitucional.

Según las fuentes consultadas, la quinta ponencia, ahora desbaratada, contenía un fundamento jurídico en el que se explicaba que el Preámbulo del Estatuto "no tiene un contenido normativo" y por tanto, no tienen eficacia jurídica las referencias a "Cataluña como nación" y a la "realidad nacional de Cataluña".

En ese mismo fundamento jurídico explicaba que los símbolos "nacionales" de Cataluña del artículo 8.1. estaban exclusivamente referidos, en su utilización y significado, a los símbolos de la "nacionalidad" de Cataluña, reconocida y garantizada en el artículo 2 de la Constitución, "dentro de la indisoluble unidad de la Nación española".

La pretensión de Aragón, y por la que no ha salido adelante la sentencia, era incorporar esos dos párrafos al fallo de la sentencia, de modo que en éste costase expresamente la "indisoluble unidad de la Nación española".

Pero la presidenta y los otros tres magistrados del bloque progresista no aceptaron la última de las exigencias de Aragón, después de haberse comprometido éste a votar con su bloque de origen si se le dejaba participar en la quinta redacción de la ponencia.

La votación de ayer reprodujo el esquema de la votación prospectiva del pasado noviembre, un 4-6 contrario a la ponencia. Se trataba de una ponencia nueva, de mayor calidad que las anteriores y en la que el mismo Aragón había intervenido. Acabada la ponencia, no quedaba otra solución que votarla, y por eso la presidenta convocó el Pleno. Sin embargo, antes de la votación, Aragón ya había exigido la incorporación al fallo de esos dos párrafos. Una exigencia final que los demás no aceptaron. En particular, los magistrados Pascual Sala y Eugeni Gay adujeron que no eran los cuatro quienes tenían que ceder ante Aragón, sino éste el que debía sumarse a la posición común.

Según las fuentes consultadas, tras la anterior votación, Aragón se había comprometido a atraer hacia la posición común al vicepresidente Guillermo Jiménez y a Ramón Rodríguez Arribas, ambos del sector conservador, pero proclives a alumbrar la sentencia. Sin embargo, a mediados de febrero éstos desistieron de sumarse a la sentencia si no se incorporaban más declaraciones de inconstitucionalidad. Aragón llamó entonces a la puerta de los progresistas, comprometiéndose, según las fuentes consultadas, a votar con el grupo y sacar la sentencia, incluso con el voto de calidad de la presidenta. María Emilia Casas estaba dispuesta a ello. Incluso asumió el terrible coste personal que tendría para ella una sentencia alumbrada con voto de calidad.

Una vez fracasada la sesión de ayer, la presidenta decidió entregar la redacción de una nueva ponencia al vicepresidente. La designación de Jiménez se interpreta como un voto de castigo a Aragón, quien, no obstante, estará, en la nueva ponencia, también con Rodríguez Arribas. La situación actual puede reproducirse, dado que será difícil incorporar a los magistrados del bloque progresista. Y para atraer a los tres más conservadores la sentencia tendría que devastar el Estatuto.