La sentencia de un tribunal imposible

El Estatuto de Cataluña, limpiado de impurezas inconstitucionales en el Congreso de los Diputados durante una indigesta tramitación parlamentaria, ha metido al Tribunal Constitucional en un túnel sin salida. La votación de ayer, en la quinta deliberación para resolver el recurso que presentó el PP hace tres años, demostró la impotencia de 10 magistrados para aprobar esta sentencia. El texto de la ponente, la magistrada progresista Elisa Pérez Vera, corregido, enmendado, mejorado y matizado hasta la extenuación, sólo sumó ayer cuatro de los 10 votos posibles. Seis magistrados están en contra, pero esos seis no están de acuerdo entre sí. El resultado de este jeroglífico imposible es un Constitucional dividido en tres partes ante una sentencia que marcará para siempre su historia.

Desde que el Partido Popular presentó su recurso de inconstitucionalidad contra la mitad de los artículos del Estatuto catalán, un texto aprobado en el Parlamento autónomo, por el Congreso de los Diputados y por la ciudadanía de Cataluña en referéndum, el alto tribunal ha sido zarandeado sin piedad por PP y PSOE, para arrimar la futura sentencia a sus intereses.

Abrió el fuego el PP con una recusación que prosperó y que quitó de en medio a un magistrado, Pablo Pérez Tremps, cuyo pecado consistía en haber elaborado un informe sobre las relaciones entre autonomías y organismos europeos que le encargó el Gobierno de CiU mucho tiempo antes de que el Ejecutivo de PSC-ERC e ICV elaborase el texto del Estatuto. Con Pérez Tremps fuera de juego, el PP se garantizaba una mayoría conservadora en el pleno (seis magistrados frente a cinco) que debía dirimir su recurso contra el Estatuto. En esas, la desgraciada muerte del magistrado conservador Roberto García-Calvo como consecuencia de un infarto provocó que se igualaran de nuevo las fuerzas entre progresistas y conservadores (cinco a cinco).

La patata caliente ha quemado las dos manos del Constitucional. Ahora mismo hay cuatro magistrados que tenían que haber cesado en diciembre de 2007, pero tienen prorrogado su mandato porque los principales partidos no se ponen de acuerdo para nombrar a los sustitutos. Esa renovación cambiaría la mayoría a favor de los progresistas. En septiembre de 2008, cuando se inició el proceso de nombramiento, el PP propuso sólo a dos candidatos. Procedían del Consejo General del Poder Judicial, donde ambos, uno como presidente y el otro como portavoz, hicieron campaña furibunda contra el Estatuto de Cataluña. El PSOE, por su parte, propuso a una decena de candidatos entre todas las comunidades autónomas, alguno también cuestionado por su falta de experiencia. Mientras, la ponente de la sentencia ha elaborado varios borradores que se han discutido durante meses sin reunir al menos cinco votos. En esta situación, con cuatro magistrados en prórroga, una vacante por fallecimiento sin cubrir y un magistrado progresista empeñado en endurecer la sentencia en contra del Estatuto, el Tribunal Constitucional ha caído en un pozo tan profundo que no llega ninguna luz.