El Parlamento catalán ha aprobado 41 leyes en este mandato que cuelgan del Estatuto

El Estatuto de Cataluña está encallado desde hace años en el Tribunal Constitucional pero eso no ha sido óbice para que hayan emanado de él multitud de normas. Desde que el texto fue aprobado en 2006, el Parlamento catalán ha aprobado unas 40 leyes que cuelgan del paraguas estatutario y que son de desarrollo interno, es decir, que no dependen de la intervención del Gobierno central, según cifras del Departamento de Interior y Relaciones Institucionales de la Generalitat.

Además de esas 40 leyes, hay otras 20 que se están tramitando actualmente en la Cámara catalana. El Gobierno catalán tomó posesión en diciembre de 2006 y, desde entonces, ha actuado ignorando que existiera recurso alguno. "Nosotros vamos tirando", señalan en Esquerra (ERC). Convergencia i Unió (CiU) ha apoyado esa estrategia. La postura del tripartito ha sido avalada también por diversos catedráticos de Derecho Constitucional que sostienen que el Estatuto está en vigor y que nada impide que se aplique con normalidad.

Sólo el Partido Popular (PP) se ha opuesto la táctica del Tripartito al argumentar que se ha precipitado en sus impulsos legislativos sin aguardar el fallo del Constitucional. "El PP quería que esperáramos a la sentencia y eso no lo íbamos a hacer y no lo hemos hecho", dijo hace meses Joan Saura (ICV), el titular de Interior, que alaba al Estatuto al afirmar que ha dejado una herencia enorme en Cataluña: desde el acuerdo de financiación y el compromiso del Estado a través de una disposición del Estatuto para aumentar su inversión en Cataluña.

Durante estos cuatro años, el Parlamento catalán ha aprobado 41 leyes que cuelgan del paraguas del estatuto: unas 20 se han dedicado a desplegar competencias autonómicas (desde la ley que desarrolla la calidad y el suministro eléctrico a la ley de la pesca); una decena hacen referencia a los derechos y principios rectores (la de la vivienda, educación o del Memorial democrático); cuatro que responden al bloque institucional (la ley de la presidencia de la Generalitat, la de Garantias estatutarias o del Síndico de Greuges) y tres referentes al derecho civil catalán.